Nota de la Junta de Andalucía
El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, solicitó a la comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea un nuevo reglamento para el algodón por la vía de urgencia que garantice el mantenimiento de la actividad y de la industria, o bien que se restablezca temporalmente la normativa anterior a la reforma actual hasta que se apruebe una nueva norma que sustituya la anulada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El objetivo es evitar pérdidas irreversibles al sector, que ya se ha visto gravemente afectado con importantes descensos del 61% en producción, el 30% en superficie y el 20% en el número de cultivadores, según expuso el consejero a la comisaria Fisher-Boel en el encuentro celebrado en Bruselas. Estas caídas han repercutido negativamente en la industria desmotadora, que en la presente campaña dispone de cinco factorías menos de las 25 que han venido funcionando hasta la fecha.
En la reunión, Pérez Saldaña recordó que las consecuencias negativas en el sector y la anulación del actual régimen de ayudas por el Tribunal de Justicia de la UE son motivos ‘más que suficientes’ para actuar inmediatamente en la dirección defendida por Andalucía ante instancias comunitarias por ser la primera Comunidad española en producción (98% del totaal nacional).
En este sentido, el representante del Gobierno autonómico explicó a la Comisaria de Agricultura las condiciones pactadas por el sector andaluz y respaldadas por la Junta para que se apruebe por la vía de urgencia la nueva regulación. Básicamente éstas consisten en el mantenimiento de 70.000 hectáreas de superficie básica nacional; una ayuda comunitaria al algodón que contemple el 20 % desacoplado como mínimo, así como la aplicación del principio de subsidiariedad para que cada Estado Miembro establezca el desacoplamiento más conveniente, respetando el mínimo establecido.
Además, se exige un Plan Especial de reestructuración para la industria desmotadora; el sobre financiero por Estado Miembro, respetando el principio de estabilidad financiera, y la mejora de las organizaciones interprofesionales para que constituyan una verdadera herramienta para vincular la siembra y la entrega a la industria.
Pérez Saldaña le argumentó a la comisaria competente cada una de las propuestas que pretende evitar la ‘desaparición del sector’ y le informó detalladamente de la situación del cultivo antes y después de la aplicación del actual régimen, que está anulado.
En este sentido, destacó que los descensos en producción han sido el resultado de la disminución en superficie, la bajada en los rendimientos por menor uso de insumos y la existencia de producción no recolectada. Así el rendimiento medio ha pasado de 4.060 kg./ha (2005/06) a los 2.053 kg./ha actuales (descenso del 49,4 %). Asimismo, el descenso del empleo en campo ligado a la reducción de las hectáreas sembradas se estima en un 30 % sobre la media de campañas anteriores.
Estos datos ponen de relieve el ‘fuerte impacto socioeconómico’ que ha tenido en Andalucía la aplicación de la normativa actual, que entró en vigor el 1 de enero de 2006 a pesar de haber sido recurrida por el Estado español, a instancias de la Junta de Andalucía, que solicitó igualmente un aplazamiento en su aplicación.
El sector andaluz:
Andalucía concentra el 98% de la producción nacional de algodón, siendo las provincias de Sevilla y Cádiz las que acaparan mayor número de hectáreas del cultivo, con el 76 % de la superficie. Las zonas productoras de algodón coinciden con otras producciones importantes del Valle del Guadalquivir como la remolacha (90 % de la superficie) y el tomate para industria (80 % de la producción), tres cultivos cuya supervivencia está cuestionada por las reformas comunitarias en curso como la de frutas y hortalizas.
La provincia de Sevilla concentra el 61% de la superficie andaluza de algodón y el 48,8% de remolacha, generando 1,2 millones de jornales. Por su parte, la provincia de Cádiz cuenta con el 15% de la superficie algodonera y el 41% de la de remolacha, en cuyas recolecciones se emplea casi medio millón de jornales.
Junta de Andalucía