El Gobierno central ha aprobado la inversión de 582,4 millones de euros en obras de emergencia para anticiparse a los efectos de la sequía. Del total destinado, 27.735.208 euros (el 4,76 por ciento) corresponden a la comunidad autónoma de Extremadura.
Así se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros celebrado, y en el que también se aprobaron 90 millones para obras que palíen la sequía y se exime a los regantes del pago de tarifas de agua.
Se trata de una medida urgente para paliar los efectos producidos por la sequía en las cuencas del Segura, del Júcar y del Guadalquivir, y se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía también en las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Ebro.
En primer lugar, se exime a los regantes del pago de las tarifas del agua correspondientes al año 2006 en las cuencas del Segura, del Júcar y del Guadalquivir en el caso de que hayan tenido una dotación de agua igual o inferior al 50 por ciento de lo normal. Esta exención «supone un importe de más de 40 millones de euros», destacó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Además, a estos regantes no les serán de aplicación hasta el próximo mes de julio las modificaciones, recientemente establecidas, de la liberalización de la tarifa eléctrica.
Asimismo, se exime a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que gestiona el abastecimiento a 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, con una población superior a los 2,5 millones de habitantes, del pago de la tarifa de conducción de las aguas del trasvase Tajo-Segura, teniendo en cuenta el gasto extraordinario comportado por la adquisición de derechos del agua en la cuenca del Tajo, lo que ha permitido que no haya ninguna restricción en el consumo de agua en dicho conjunto de municipios durante este verano.
Por otra parte, se prorroga durante un año la posibilidad de efectuar transacciones de derechos de agua entre diferentes cuencas. Esta medida ha sido de extraordinaria importancia durante los últimos meses, ya que ha permitido aprovechar en la cuenca del Segura 61 hectómetros cúbicos (31 hectómetros para regadíos y 30 hectómetros cúbicos para abastecimiento) inicialmente asignados a la cuenca del Tajo, destacó el Gobierno.
El real decreto Ley también contempla la declaración de interés general para obras de modernización de regadíos en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, en los municipios de Caravaca de la Cruz, Abanilla, Calloza d’En Sarriá, Fontanars dels Aforins, Segorbe, Montaverner, Alfarrasí, Bufalí, Belgida, Otos y Palomar, que permitirán el ahorro de un 20 por ciento del agua actualmente consumida en estos regadíos. La inversión prevista por el Ministerio de Agricultura para estas actuaciones asciende a más de 49 millones de euros.
NO RESTRICCIONES
Fernández de la Vega afirmó que las actuaciones del Gobierno han evitado restricciones en el abastecimiento, mientras que en 2003 «hubo durísimas restricciones de agua de hasta 12 horas diarias que afectaron a 200.000 personas». Así, las obras de emergencia aprobadas desde febrero de 2005 suponen una inversión de 600 millones de euros, de las cuales dos tercios han sido para Murcia y la Comunidad Valenciana.
En cuanto a las desaladoras del Programa AGUA, ya se están produciendo 152 hectómetros cúbicos, otros proyectos para 151 hm3 están en construcción y proyectos para producir 225 hm3 están ya adjudicados, explicó la vicepresidenta primera del Gobierno.
Además, destacó que las obras en modernización de regadíos han alcanzado «la mayor inversión de la historia» con 2.409 millones de euros, y un ahorro de 1.200 hm3, «un caudal mayor que el que habría proporcionado el trasvase del Ebro».
PLAN ESPECIAL PARA EL ALTO GUADIANA
El real decreto Ley aprobado incluye medidas para la gestión de los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana, cuya situación se ha agravado ante la sequía plurianual que padece la zona. El mismo recoge un conjunto de disposiciones específicas que introducen los instrumentos jurídicos necesarios para aumentar la eficacia de la gestión de los derechos de uso de agua, manteniendo el carácter público de las aguas subterráneas, y es la primera medida normativa que permitirá la puesta en marcha del Plan Especial para el Alto Guadiana, previsto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001.
El objetivo del Plan del Alto Guadiana es «reducir el uso del agua en acuíferos sobreexplotados mediante la adquisición de derechos al agua por la Confederación Hidrográfica del Guadiana», indicó la la vicepresidenta primera del Gobierno.
Se regula la trasformación de los aprovechamientos privados de agua existentes en la zona en derechos concesionales, garantizando plenamente el carácter público de estas aguas subterráneas y la adecuación de estos derechos a los volúmenes realmente utilizables, así como la figura del Centro de Intercambio de Derechos del Agua para reducir la extracción en los acuíferos sobreexplotados, al menos en un volumen de 200 hectómetros cúbicos al año.
La norma posibilita, por lo tanto, por primera vez, que se destinen derechos de agua adquiridos por una Confederación Hidrográfica a la recarga de acuíferos para mejorar las condiciones ambientales de las aguas subterráneas.
AGRALIA