El Gobierno de Castilla-La Mancha esperará a conocer en detalle los fundamentos jurídicos que han motivado el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Ministros ha presentado hoy contra la ecotasa de Castilla-La Mancha y Cataluña, si bien todo apunta a un intento del Ejecutivo central de recortar el ámbito competencial de algunas autonomías y de defender, por el contrario, los intereses de las grandes empresas eléctricas y nucleares.
Según ha manifestado la consejera de Economía, Maria Luisa Araujo, no tiene sentido que el Gobierno central recurra este impuesto en unas comunidades autónomas y, sin embargo, “calle y otorgue cuando este impuesto lo establece una autonomía gobernada por el PP”.
La consejera se ha reafirmado en que, al igual que ocurre en los países más progresistas de Europa, las grandes empresas que contaminan tienen que corresponsabilizarse con el medio ambiente, para que quien contamine pague.
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