El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, que encabeza la delegación española presente en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ha reaccionado frente a la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por el Comisario Fischler. El ministro Arias ha destacado que la Comisión, con estos textos, se aleja de los compromisos de la Agenda 2000 e insiste en una reforma en profundidad, por lo que ha manifestado que la propuesta es "excesiva, arriesgada e intransigente".
A pesar de la valoración negativa que ha transmitido el Ministro Arias sobre los proyectos reglamentarios, ha manifestado que España está abierta a la negociación y el diálogo para diseñar una PAC más equilibrada y adaptada a las necesidades reales de los agricultores y ganaderos de la UE.
Según palabras del ministro Arias, la propuesta se puede considerar excesiva tanto desde un punto de vista interno como externo. En el contexto interno, la Comisión reconocía en 2002 que con el proceso de reforma iniciado en 1992 se aumentaban los equilibrios de mercado y las rentas agrarias evolucionaban favorablemente. El acuerdo de la Agenda 2000 avanzaba en esta dirección y sólo preveía revisiones puntuales de la PAC. Habida cuenta de que estos condicionantes estaban presentes en el Acuerdo de Berlín sin cambios significativos, no parece oportuno plantear una reforma con profundidad, en el marco de estabilidad fijado hasta 2006.
Desde el punto de vista externo, el ministro de Agricultura español ha destacado que las actuales negociaciones de la OMC tampoco justifican la reforma. La propuesta de desacoplamiento implica un importante cambio en la estrategia europea en las negociaciones multilaterales, al traspasar el centro de atención del capítulo del apoyo interno al del acceso de mercado, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de la FAIR Act americana. Por esa razón, la posición europea de modalidades de negociación de la OMC recientemente adoptada no exige mayores revisiones de la PAC.
El ministro de Agricultura ha recordado que la Comisión no ha propiciado un diálogo participativo, sino que ha propiciado un debate confuso y, en ocasiones radical. La Comisión no ha tenido en cuenta ninguno de los planteamientos alternativos de los Estados miembros, ni la opinión manifestada por la gran mayoría de Estados en el Consejo del mes de noviembre, donde se rechazó la idea del desacoplamiento total. Asimismo, tampoco se han considerado las aportaciones realizadas por las organizaciones profesionales agrícolas de la UE, ni el dictamen del Parlamento Europeo, que aboga por un desacoplamiento parcial y considera que la transformación de los regímenes de intervención en redes de protección puede poner en peligro la estabilidad del modelo de agricultura europea multifuncional.
Miguel Arias ha indicado que la Comisión debería explicar el por qué de estas omisiones, a no ser que haya optado por aproximarse en exceso a las exigencias de la negociación de la OMC, optando por modelo de desacoplamiento que resuelva distorsiones comerciales de la UE en el mercado exterior, a cambio de generar graves distorsiones económicas, sociales y territoriales internas.
Con la propuesta presentada, la Comisión da un paso más en el distanciamiento de los compromisos de la Agenda 2000 y va más allá que el Consejo Europeo de Bruselas de octubre pasado, que fijaba la no modificación de las perspectivas financieras hasta 2006. La "reforma Fischler" es mucho más ambiciosa que las anteriores y se propone sólo tres años después de la Agenda 2000, cuando ésta todavía no está plenamente en vigor. En este sentido, el ministro Arias ha destacado que no se puede dar a los agricultores la estabilidad que necesitan para planificar su actividad si en un espacio tan breve de tiempo se cambian los mecanismos de la PAC de una manera tan profunda.
ESTUDIOS DE IMPACTO
El ministro Arias también se ha referido durante su intervención en el Consejo a los estudios de impacto que se han venido demandando a lo largo de últimos debates. La Comisión presentó el pasado día 15 dos estudios de impacto internos y cuatro externos. Dichos estudios se han realizado en base a las propuestas de la revisión intermedia de la PAC del pasado mes de julio, por lo que tienen poca validez con respecto a los Reglamentos propuestos ahora, de ahí la necesidad de que sean actualizados, de manera que incluyan las nuevas consideraciones aportadas, como el aplazamiento de la modulación a 2006 y el hecho de que los fondos recaudados no tengan como único destino medidas de desarrollo rural, sino otras necesidades de la PAC.
Asimismo, se considera que se deberían tener en cuenta en los estudios las modalidades de negociación ofertadas en la UE en el marco de las negociaciones de la OMC, que acaban de ser aprobadas por el Consejo de Asuntos Generales. También sería deseable que se estudiara el impacto en los diferentes territorios que configuran la agricultura europea, o al menos en cada uno de los Estados miembros. Hay regiones con escasa dependencia de las ayudas comunitarias y agriculturas ya muy orientadas al mercado, pero también hay zonas en que los agricultores tendrán que abandonar su actividad, pues no cubrirán sus costes de producción.
Dado que no existe urgencia por aprobar los reglamentos hoy presentados, el ministro Arias considera que es necesario disponer del tiempo necesario para estudiarlos a fondo, al implicar un cambio de rumbo total de la PAC.
Los estudios de la Comisión indican que el desacoplamiento de las ayudas sólo producirá los ajustes de adaptación necesarios de algunos sectores productivos, pero no conducirá a un abandono masivo de la producción, mejorándose las rentas agrarias. Sin embargo, se ha constatado que los alguno de los ejemplos manifestados por la Comisión supondrían un mayor acceso al mercado de productos importados, junto a la disminución de las exportaciones, lo que implicaría una presión sobre el mercado interno.
Por todo ello, el ministro Arias ha mostrado su preocupación, ya que los resultados de estos estudios son opuestos a los realizados en España sobre las consecuencias de las propuestas en los distintos sectores y las distintas Comunidades Autónomas. Los estudios realizados en España confirman el riesgo de desajuste y deslocalización grave de las producciones a nivel regional y nacional. En concreto, en Castilla-La Mancha se perdería casi la mitad de sus tierras cultivadas, siendo también muy importantes las cifras de abandono en Aragón y Extremadura.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Centrándose en el contenido de la propuesta actual, el ministro Arias ha destacado que se pierde gran parte del aspecto de coherencia con respecto a la propuesta anterior, donde se manifestaba que los efectos negativos del desacoplamiento se paliarían a través de medidas de desarrollo rural, al verse reforzado el segundo pilar. Eso ya no es posible puesto que temporalmente existe un desfase entre desacoplamiento, que se aplicaría a partir de 2004, y las medidas de desarrollo rural, a aplicar en 2007. Además, sólo una pequeña parte de los fondos de la modulación se va a trasvasar ahora a la política de desarrollo rural.
Por otro lado, los efectos negativos de la propuesta, según los estudios de la Comisión, se centran en las zonas desfavorecidas, situación contraria a lo acordado en la Cumbre de Bruselas, ya que España considera que la reforma deberá tener un tratamiento especial y diferenciado en esas zonas. El ministro Arias también ha destacado que la propuesta no tiene en cuenta las medidas específicas para las Islas Canarias en la aplicación de la PAC (artículo 299 del Tratado).
ASPECTOS HORIZONTALES. DESACOPLAMIENTO
Miguel Arias también ha pasado revista a las cuestiones horizontales de la propuesta, comenzando por el desacoplamiento de las ayudas. Ha destacado el esfuerzo de la Comisión para flexibilizar el sistema de transferencia de derechos, pero ha manifestado que hay aspectos en los que empeora, como es que el destino de las tierras desacopladas pueda ahora ser cultivo de hortalizas.
La Comisión sostiene que este sistema satisface objetivos internos, pero la Comisión debe ser consciente que este planteamiento puede producir graves desajustes en nuestros sectores productivos. A este respecto, el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura en los sectores de cereales, oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de grano, arroz y sectores ganaderos confirman el riesgo de abandono en ciertos sectores, como los cereales de secano y el ovino.
El Gobierno español considera que sí sería posible una desconexión parcial de las ayudas, como recomienda el Parlamento Europeo, que permitan mantener un tramo de las ayudas ligadas a la producción, lo que impedirá el abandono y la deslocalización de cultivos.
MODULACIÓN
En relación con el esquema de modulación propuesto, el ministro Arias valora positivamente el carácter comunitario y obligatorio, así como el pasado dado a favor de un modelo más progresivo. Sin embargo, se considera insuficiente el carácter progresivo, pues se propone igualdad de trato en el tramo de 5.000 a 50.000 euros de ayudas directas, que podría implicar situaciones de diferencias sociales y económicas.
Por otro lado, permanece la incertidumbre del equilibrio de los fondos asignados entre los dos pilares de la PAC. Reforzar el segundo pilar a costa del primero, cuando está fijada la cuantía de este último y están sin definir la del segundo no tiene, en palabras del ministro, ningún sentido. También se considera decepcionante el destino propuesto para las cantidades liberadas por la modulación para atender nuevas necesidades de la PAC. Sería más apropiado buscar la fórmula de financiación de las reformas cuando se tenga conocimiento de su puesta en marcha.
ECO-CONDICIONALIDAD
Con respecto a la eco-condicionalidad, se acepta el nuevo concepto, ampliado y reforzado, y que se extiende más allá de las normas medioambientales, a las de seguridad alimentaria, laboral, de sanidad y bienestar animal. Si bien se debe garantizar que el modelo no suponga una carga adicional a los controles ya existentes en la PAC.
DESARROLLO RURAL
En relación con las modificaciones al reglamento de apoyo al desarrollo rural a cargo del FEOGA, la introducción de nuevas medidas se valora de forma positiva. La ayuda al cumplimiento de las normas comunitarias, la ampliación de las medidas agroambientales al bienestar animal y a la calidad alimentaria, así como la concesión de indemnizaciones compensatorias en zonas protegidas son bienvenidas. Ahora bien, la cuestión más importante queda sin solucionar. Se trata de la imposibilidad material de llevar a la práctica su aplicación, al no existir financiación adicional para 2004.2006 y la prevista a partir de 2007 es insuficiente.
La Comisión propone nuevos contenidos en desarrollo rural, pero las dotaciones actuales son insuficientes. En consecuencia, los cambios propuestos deberán esperar, al menos, hasta el año 2007.
ANÁLISIS SECTORIAL
Con respecto a los sectores, no ha habido cambios sustanciales sobre las propuestas anteriores de reforma, únicamente cabe destacar una propuesta concreta de la Comisión, que debe ser estudiada en profundidad, sobre el sector lácteo.
En relación con los cereales, prácticamente toda la propuesta, tanto la reducción del precio de intervención como la reducción de las ayudas al trigo duro, está falta de fundamentos técnico-económicos, por lo que resulta difícilmente aceptable. En relación con las proteaginosas sigue manteniéndose la discriminación histórica de las leguminosas para grano actuales y las solicitadas en el "Memorándum para el fomento de la producción de proteínas vegetales en la Unión Europea" presentado a la Comisión en el año 2001, a los efectos de su inclusión en el bloque de proteaginosas y en la ayuda específica prevista para estos cultivos, discriminación sin base científico-técnica alguna, como ya se ha demostrado y que resulta necesario modificar.
En lo que respecta al arroz hay dos cuestiones especialmente importantes a resolver: la primera, es el mantenimiento del actual sistema de penalización o reducción de la ayuda progresiva por el rebasamiento de la superficie de base, que sólo existe en este sector y que es, por lo tanto, en el único en el que no se distribuyen los fondos disponibles para el sector en cada campaña, suponiendo importantes ahorros para el presupuesto comunitario. Esta discriminación no tiene, además, justificación productiva alguna, lo que la hace insostenible.
La segunda, es la insistencia en establecer un sistema de almacenamiento privado para regular el mercado, que consideramos inoperante, cuando los precios se sitúen entre 150 y 120 en que comienza a funcionar la intervención en unas condiciones determinadas, y que sólo encubre una reducción del precio de intervención del 10%, adicional a lo que ya se reduce (50%) y que, de esta manera, no se compensa, en perjuicio de la renta de los agricultores. Todo ello es sencillamente inadmisible.
En el caso de los forrajes desecados, la Comisión propone que el 50% de la ayuda actual al sector se transforme en una ayuda a la industria, transitoria y decreciente, a desaparecer en cuatro campañas, mientras que a continuación propone para la fécula de patata una ayuda desacoplada a la renta del agricultor por el 50% de la ayuda actual, una ayuda específica ligada a la producción del otro 50% y el mantenimiento "sine die" de la actual ayuda a la industria transformadora, lo que constituye una auténtica discriminación entre un producto -la fécula de patata- más característico del Norte de la Unión Europea y otro producto -los forrajes desecados- más característicos del Sur de la Unión.
En relación con los frutos de cáscara, el ministro ha señalado la insuficiencia de la ayuda comunitaria que se propone, así como el elevado nivel de cofinanciación que exige a los Estados miembros. El nivel total de apoyo que se propone es inferior al actual e insuficiente para garantizar el mantenimiento del sector. El alto nivel de cofinanciación que se prevé va a conducir a discriminaciones de ayudas entre las explotaciones de las distintas zonas productoras y a perturbaciones de los mercados. Por todo ello, considero necesario un incremento de la ayuda comunitaria para conseguir, al menos, el mismo nivel de protección actual.
En relación con el nuevo sistema de retirada de cultivo decenal, que ha quedado reducido a un sistema obligatorio de retirada de cultivo del 7%, de la superficie para la que se solicitó ayuda para los cultivos herbáceos en la campaña 2002/2003, hay que resaltar también su falta de justificación técnico-económica, ya que no es una medida efectiva de regulación del mercado ni aporta ninguna ventaja ambiental a las ya establecidas, por lo que resulta absolutamente incomprensible.
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