El Gobierno está llevando a cabo tanto de forma bilateral, como en el marco comunitario y ante los organismos internacionales correspondientes, todas las gestiones necesarias destinadas a evitar la negativa de Chile de permitir transbordos a la flota que faena fuera de su Zona Económica Exclusiva. El Estado chileno está actuando y controlando las pesquerías fuera de sus 200 millas, amparándose en la defensa de los recursos. Por lo tanto, está limitando la libre actividad comercial y ocasionando problemas a la flota nacional de palangre que opera en el Pacífico Sudeste. El Gobierno mantiene permanentemente en los foros oportunos, y así lo ha venido manifestando sistemáticamente desde 1990, que la posición de Chile vulnera abiertamente las normas comerciales internacionales, adoptadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La defensa de nuestros derechos en este ámbito se ha venido intensificando ostensiblemente en los últimos años. El Gobierno, en una línea coherente con la política internacional pesquera mantenida por España, aboga por la creación de un organismo multilateral y el fomento de las ya existentes Organizaciones Regionales o Subregionales de Ordenación Pesquera, desde las cuales debe emanar la gestión y regulación multilateral de las pesquerías, garantizando la pesca y el comercio responsable. Como consecuencia del fracaso de todas las tentativas bilaterales de solución abordadas entre Chile y la Unión Europea (UE), el pasado mes de junio, a partir de la denuncia presentada por la UE, se asumió formalmente, en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, el procedimiento contra la República de Chile en el marco del Organo de Solución de Diferencias (OSD). Asimismo, tras una muy reciente gestión política del Gobierno chileno, la problemática en cuestión está siendo abordada en el ámbito del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
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