El secretario de Estado se ha comprometido a defender la necesidad de que exista un régimen sancionador para toda la cadena agroalimentaria y evitar el acuerdo entre las partes, dos aspectos sobre los que descansa el resultado final de la Ley de Morosidad.
La actual Ley 3/2004 permitía en la práctica plazos de pago abusivos, y, por tanto no era efectiva. El sector solicita que el plazo máximo para productos frescos y perecederos sea de 30 días y de 60 días para los no perecederos, a contar desde la entrega del producto y no desde la emisión de la factura como se propone.
Asimismo, el sector solicita la incorporación en las auditorias de cuentas, tanto para la Gran Distribución como para la Industria, de un apartado que contenga el plazo medio de pago de los productos que adquieren a sus proveedores, con el objetivo de reforzar un sistema de control y seguimiento.
Los plazos de pago en la Gran Distribución, según datos de la Central de Balances del Banco de España, demuestran que hipermercados y supermercados juegan con una demora que ronda los 70-80 días en plazos de pago, cuando en nuestros países vecinos se mueven en plazos de 28-50 días. Por su parte, la agroindustria demora los pagos entre 70 y 75 días, lo que perjudica al sector productor y repercute en su competitividad y en su liquidez.
El sector agroalimentario incide en que la gran amenaza de esta Ley es la incorporación de la posibilidad de la cláusula “salvo pacto entre las partes”, lo que supondría que los operadores impondrían sus condiciones a sus proveedores y continuaría el actual desequilibrio en la cadena alimentaria, que ya ha puesto de manifiesto tanto el Parlamento Europeo como la Comisión. Este hecho vulneraría el espíritu de la Ley y la convertiría en una norma absolutamente inútil, en detrimento de los eslabones más débiles de la cadena, como ha reconocido el propio secretario de Estado en una reunión con las OPAs.
Por último, OPAs y Cooperativas Agro-alimentarias esperan que la Ley incluya finalmente el establecimiento de un régimen sancionador para toda la cadena agroalimentaria, y no como hasta ahora que sólo existe en los últimos eslabones de la cadena en las transacciones con el comercio minorista.
Por todo ello, el sector insta a los grupos políticos, tanto en el Senado como en el Congreso, a que aprueben una Ley que recoja sus planteamientos y termine con el desequilibrio actual en el poder de negociación entre los distintos agentes de la cadena alimentaria.
UPA