En este sentido, Elena Espinosa ha destacado la Resolución de Naciones Unidas del pasado 2 de junio, por la que se autoriza a navíos de guerra a combatir los actos de piratería en las aguas territoriales de Somalia, durante seis meses y con el previo consentimiento de las autoridades somalíes. Al finalizar este periodo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas revisará la situación y podrá decidir prórrogas adicionales.
En relación con las medidas adoptadas por el Gobierno de España, la Ministra ha recordado que sigue vigente la prohibición establecida, por razones de seguridad, el pasado 1 de julio de 2006, de ejercer toda actividad de pesca a los buques de bandera española en la Zona Exclusiva de Somalia.
Elena Espinosa ha señalado que también se ha intensificado la colaboración con el Gobierno de Seychelles y con los Gobiernos de los países asiáticos con flota de altura en el Océano Índico (Japón, China, Corea y Taiwán) para coordinar el apoyo recíproco en estas actuaciones.
Por otra parte, la Ministra ha reiterado que el Playa de Bakio faenaba legalmente, con autorización por la Secretaría General de Pesca Marítima (hoy Secretaría General del Mar), en base a las licencias otorgadas por la Comisión de Túnidos del Océano Índico y en aguas internacionales.
Elena Espinosa, que ha agradecido el apoyo y la discreción de los grupos parlamentarios a lo largo de este conflicto, ha hecho hincapié en que todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno tuvieron por objetivo fundamental garantizar que la liberación del buque y su tripulación se realizara sin daños ni peligro para la tripulación.
La Ministra ha recalcado que el Gobierno realizó un intenso despliegue diplomático que alcanzó un inmediato consenso internacional de apoyo, así como todos los medios necesarios, aéreos, navales y de inteligencia para conseguir la liberación del Playa de Bakio y sus tripulantes.
Elena Espinosa ha precisado que durante este conflicto, además de las intensas gestiones diplomáticas con Somalia, la Unión Africana, la OTAN, la UE y otros organismos internacionales se mantuvieron contactos con Francia, Estados Unidos y Reino Unido. El Gobierno informó, además, de forma permanente a los familiares de los pescadores secuestrados, a los grupos parlamentarios y a los gobiernos autónomos de Galicia y País Vasco de donde son originarios los tripulantes españoles del Playa de Bakio.
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