El hundimiento de los precios en origen arruina al campo andaluz

asaja

Cunde la desesperación entre los agricultores y ganaderos andaluces que inician el ejercicio de 2012 con los precios de venta de sus productos por los suelos y con escasas perspectivas de mejora. La situación de precios hundidos ni es nueva ni es coyuntural, y lejos de solucionarse se ha agravado en los últimos meses, en los que el resto de eslabones de la cadena comercial (industria y distribución) ha intentado resolver sus problemas económicos y financieros reduciendo aún más los precios a los que compran los productos en origen. Lo que ha provocado que el agricultor, además de no obtener beneficios, ni tan siquiera pueda compensar los costes de su explotación con la venta de sus producciones.

El hundimiento de los precios por las prácticas abusivas de intermediarios, industria agroalimentaria y gran distribución ya ha provocado el cierre en Andalucía de 25.000 explotaciones en los últimos cuatro años y amenaza con dejar en la ruina a quiénes aún mantienen la actividad, puesto que si no se obtienen ingresos por la venta de las producciones, a más inversión sólo obtendrán mayores pérdidas.

El cerdo ibérico, el aceite de oliva, la aceituna de mesa, los cítricos y las hortalizas de invernadero, cinco de los productos más emblemáticos de la agricultura y la ganadería andaluza, se están vendiendo hoy a un precio inferior al coste de producción. La producción de un cochino ibérico de bellota, la joya de la dehesa y la gastronomía andaluza, tiene un coste para el ganadero de 360 euros, mientras que el precio medio de venta se sitúa hoy en 277 euros, lo que supone que por cada cochino que se vende el ganadero pierde 83 euros.

Se trata sin duda, y salvando a la reforma de la PAC, del reto más serio que debe afrontar el campo español y los responsables del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyo titular, Miguel Arias Cañete, mostró ya, en su primera reunión con ASAJA el pasado 28 de diciembre, su disposición a promover una legislación que mejore el funcionamiento de la cadena de producción.

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