El MARM y la Xunta de Galicia coinciden en la necesidad de regular las embarcaciones pesqueras

La Secretaría General del Mar, en el marco de la Ley de Regularización, debe emitir su informe preceptivo sobre los expedientes presentados por los interesados a la Xunta de Galicia. A fecha de 28 de mayo de 2010 de los 2.439 expedientes presentados en la Comunidad Autónoma, se han recibido en la Secretaría General del Mar 1.947, de los cuales ya se han informado el 91%, 1.771.

El Secretario General del Mar ha trasladado a la Conselleira que el en este proceso se han seguido los criterios informados al conjunto de las CCAA implicadas en esta regularización desde la aprobación de la Ley.

En el conjunto de estos expedientes se encuentran informados favorablemente el 41% mientras que el 59% restante tiene una casuística diferente. Así:
• 330 buques han sido informados solicitando que aporten bajas, tanto de capacidad como de potencia , como consecuencia de los cálculos efectuados con la nuevas dimensiones sobrepasan las tolerancias admitidas en la ley que son 1G.T. para embarcaciones de eslora inferior a 10 mts y 0,8 GT para el resto y 20Cv de potencia propulsora para el total.
• 566 buques se encuentran en una situación de imposibilidad de regularización como consecuencia de haber sido ya anteriormente sometidos a un proceso de regularización siendo esta una circunstancia que ley expresamente señala como excepción a la posibilidad de acogerse a la misma.
• 47 buques deberán someterse a un proceso de reducción de la potencia de sus motores debido a que sobrepasan los límites máximos de potencia establecidos en la normativa nacional sobre ordenación pesquera.

El Secretario General del Mar ha recordado que la potencia de los motores fue modificada al alza en octubre de 2009, lo que ha permitido a muchos barcos acogerse al proceso de regularización.
Ambas partes han coincidido en la necesidad de finalizar este proceso, que en el caso de Galicia termina en octubre de este año, y en su caso, establecer un proceso de dialogo entre la administración central y el conjunto de las CCAA para estudiar la nueva situación creada con al aplicación de esta ley y los pasos de futuro que habría que adoptar para consolidar la regularización de toda la flota nacional.

MARM

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