El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, ha manifestado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que la primera reacción del Gobierno español sobre la Revisión a Medio Plazo de la Política Agraria Común (PAC) propuesta por la Comisión es de "perplejidad, inquietud y preocupación".
Perplejidad, porque, según Arias, "no se termina de comprender cómo de unas previsiones del compromiso de Berlín sobre determinadas revisiones puntuales de la PAC, en las que ni siquiera se cita la expresión Mid Term Review, se ha pasado a una reforma en profundidad que altera conceptos y va mucho más allá del modelo definido en el propio Consejo Europeo de Berlín".
Inquietud, porque "este nuevo modelo no ha sido contrastado por ninguna política agraria consolidada y puede significar un experimento peligroso, en el que sea muy difícil posteriormente corregir los efectos de desregulación y deslocalización que puedan producirse". Y, finalmente, preocupación, porque "a la inquietud general por la viabilidad del nuevo modelo que se propone para el conjunto de la PAC, se incorpora un tratamiento sectorial inaceptable para determinadas actividades agrarias específicas de la agricultura española y mediterránea".
Arias ha señalado que "ni este es el momento, ni éste es el modelo de reforma de la PAC que la agricultura europea necesita ahora. No obstante, la delegación española colaborará siempre en un debate sobre las mejores soluciones y alternativas para la PAC y realizará las correspondientes aportaciones al respecto".
OPORTUNIDAD DE LA REFORMA
El Acuerdo de Berlín sólo preveía, en su caso, ajustes puntuales sobre los precios y ayudas de los cereales o informes sobre el funcionamiento del régimen de protección para las oleaginosas, sobre la situación de los mercados de la carne, sobre el régimen de cuotas de la leche o sobre el control y ajuste del gasto de la PAC.
Arias ha destacado que los condicionantes que estaban presentes en el momento del Acuerdo de Berlín, no han evolucionado de forma que resulte urgente o imperativa la adopción de una reacción. El proceso de la negociación de ampliación se está
desarrollando según el calendario previsto, así como las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC), con una intensificación del proceso negociador prevista para finales de año y primer trimestre del año 2003. Estados Unidos acaba de aprobar su nueva Farm Bill 2002 que puede cambiar las posiciones negociadoras y los equilibrios correspondientes. Igualmente, desde la perspectiva presupuestaria, y la propia Comunicación lo reconoce, no hay premuras en encajar la PAC dentro de los correspondientes techos y subtechos del Acuerdo de Berlín.
En definitiva, se estima que "una reforma en la profundidad de la contenida en la Comunicación de la Comisión, no es urgente ni imprescindible en los momentos actuales y rompe la confianza legítima que, ante los agricultores y ante la propia sociedad, había abierto el Consejo Europeo de Berlín para el período 2000-2006".
EL MODELO GLOBAL DE LA REFORMA PROPUESTA
El nuevo modelo de PAC que se configura en la Comunicación de la Comisión, implica un segundo pilar mucho más reforzado a costa del primero, en el que, además, la mayoría de los gastos y ayudas directas se van a encontrar desacoplados de cualquier referencia de producción o de mercados.
Arias ha destacado que causa extraordinaria preocupación el hecho de que todo el modelo se base en unas ayudas ligadas a la tierra, con unas referencias históricas puntuales, que con el paso del tiempo se van a deteriorar, van a perder su función económica y nadie va a comprender. Se abre una fuente de agravios comparativos entre productores que con la misma actividad pueden tener distintas "mochilas históricas".
Todo ello conducirá, según ha indicado el ministro, a "una renacionalización de la PAC, y desde luego en este sentido es preocupante el anuncio que figura en la Comunicación de una mayor flexibilidad para las ayudas nacionales".
Pero todavía se considera más preocupante la perspectiva desde la gestión de ordenación sectorial y territorial de la agricultura. Las ayudas totalmente desconectadas dificultan la política de ordenación de producciones y los ajustes sectoriales correspondientes, y las fuerzas del mercado (además, cada vez más abierto al exterior) no garantizan, por sí solas, el ajuste de las producciones. Los riesgos de deslocalización de las producciones a nivel comunitario, nacional y regional son evidentes.
El Ministro ha manifestado que desde la perspectiva española, se había defendido la introducción de una cierta ayuda desligada de la producción, que con la denominación de ayuda a la multifuncionalidad, pudiera utilizar la experiencia del nuevo régimen de ayudas para los pequeños productores y sirviese de base para una estrategia de futuro ante los compromisos y negociaciones en la OMC. Pero, desde luego, en ningún caso se puede considerar la completa desconexión de todas las ayudas.
Por otro lado, la complejidad que se vislumbra del control de todo el mecanismo de "cross compliance" sobre los nuevos requisitos exigidos para el pago de las ayudas (respecto a los cuales no se plantean observaciones de fondo) conduce a un salto burocrático mucho más profundo que lo que supuso la reforma de 1992, hasta el extremo de exigir la contratación de auditorias. No se avanza hacia una simplificación, sino hacia una mayor complejidad de control.
LA MODULACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUNDO PILAR
La cuestión del equilibrio de los fondos asignados al primero y segundo pilares fue debatida en el Consejo Informal de Agricultura de Murcia bajo Presidencia Española. En esta reunión una mayoría de Delegaciones expresó su preocupación por un debilitamiento importante del primer pilar, con lo que ello puede implicar de reducción de ayudas a las rentas y a la ordenación de los mercados.
La cifra contenida en la propuesta de la Comisión, de un 20%, parece demasiado amplia, especialmente en la medida en que puede dejar a numerosos agricultores y producciones agrarias menos eficientes, en situación de marginalidad. Además, es importante cómo se realiza el ajuste. En el documento de la Comisión se propone realizarlo a través de una modulación uniforme, obligatoria y aplicada prácticamente con los mismos parámetros en toda la Unión Europea. Esta idea ha sido defendida por España y por consiguiente no hay ninguna objeción que realizar a la misma.
El problema reside en que, según Arias, "la propuesta de la Comisión no es una modulación en el sentido clásico, sino una regresividad de las ayudas con ligeros ajustes". En la parte baja, hay una franquicia de 5000 euros que, sin más requisitos, puede dar un tratamiento de favor a quienes no son agricultores en el sentido pleno de la política agraria. En la parte alta de la escala, se aplica un sistema de guillotina con más efecto de imagen que de volumen de recursos afectados. Por el contrario, en todo el sector intermedio se da un mismo tratamiento a situaciones que realmente pueden implicar enormes diferencias de posibilidades y necesidades, que aconsejan introducir ciertos elementos de progresividad. Desde la perspectiva española, el modelo de modulación que se propone, aun admitiendo, como antes se ha dicho, su obligatoriedad y su carácter comunitario, adolece de falta de cohesión. Respecto a la adjudicación de los recursos, el contenido de la Comunicación parece ir en una línea aceptable, aun cuando es necesario conocer con más detalle los criterios de reparto.
AJUSTES SECTORIALES
En esta primera reacción a la Comunicación de la Comisión, Arias ha destacado que "no pueden faltar unos comentarios sobre los ajustes sectoriales propuestos". Respecto al ajuste de los precios y ayudas de los cereales, previsto ya en el Acuerdo de Berlín, la única duda que se plantea es si realmente se ha tenido en cuenta el efecto en los mercados mundiales de la nueva Farm Bill USA 2002.
Por otra parte, resulta fundamental asegurar el perfeccionamiento de la protección en frontera, más allá del voluntarismo que parece desprenderse de la Comunicación de la Comisión. Este comentario es igualmente válido en el sector del arroz, donde todo el modelo propuesto, que habría que estudiar con más detalle, queda condicionado por las concesiones realizadas por el acuerdo EBA y por la protección en frontera marginal que quede para arroces de otras procedencias.
El Gobierno español considera que es absolutamente incomprensible el ajuste que se hace de la ayuda al trigo duro en un modelo que, sobre la base de ayudas desconectadas, el único efecto que va a tener es reducir las rentas de unos determinados productores. Es una especie de expropiación de rentas con efecto y origen retroactivo, que igual podría realizarse con otros sectores supuestamente sobrecompensandos. En pocas palabras, Arias ha destacado que "la propuesta del trigo duro es totalmente inaceptable". Un caso parecido sucede con las ayudas a los forrajes deshidratados. En los frutos secos, ya se ha señalado la enorme reserva a la pérdida del principio de solidaridad financiera, por la vía de reducción de las ayudas y de autorización de ayudas nacionales.
En el sector lácteo, el documento plantea solamente alternativas que habrá que debatir en el Consejo. La unificación de las primas en el sector vacuno, en unos "sobres individuales" por ganadero, implica los riesgos que antes se han expuesto de las ayudas desconectadas y de los problemas ligados a la transmisión de las explotaciones. La cuestión es todavía más grave en el sector ovino.
CONCLUSIONES
El resumen, Arias ha señalado que "ni es éste el momento de afrontar una reforma de la PAC en profundidad, ni el modelo derivado de la Comunicación de la Comisión permite deducir que su eventual aplicación va a preservar los objetivos del Tratado en cuanto a la PAC, ni tiene en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas".
No obstante, el ministro ha indicado que desde la perspectiva española se quiere ser muy respetuoso con el método comunitario y la capacidad de iniciativa de la Comisión. La Comunicación de la Comisión merece ser discutida y analizada con todo detalle, tanto por el Parlamento y por el Consejo, como por los sectores afectados y el conjunto de la sociedad. Sólamente después de un debate en profundidad y de la constatación de un consenso sobre la viabilidad del modelo sugerido, debería la Comisión presentar propuestas concretas de reglamentos al respecto.
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