LA UNIÓ considera que la Comisión Europea debería tener en cuenta al Parlamento Europeo en su toma de decisiones porque no puede permanecer ajena por más tiempo a los problemas de sus ciudadanos y agentes sociales, en este caso los agricultores y ganaderos.
El informe del Parlamento Europeo destaca los altos costes que los agricultores europeos tienen para cumplir las normas más elevadas del mundo en materia de seguridad alimentaria, medioambiental, de bienestar de los animales y laboral. Subraya además que se deben compensar a los agricultores europeos, entre ellos los valencianos, por estos costes adicionales y por suministrar bienes públicos a la sociedad.
El informe aprobado por el Parlamento Europeo manifiesta así mismo su preocupación por la aparición del fenómeno de acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas y multinacionales, tal y como sucede en Marruecos, y sus repercusiones en la seguridad alimentaria en los países en desarrollo y en el futuro de la agricultura y los agricultores.
Ante esta circunstancia pide a la Comisión Europea que investigue esta situación en relación con la posesión de tierra y los recursos naturales.
En Marruecos por ejemplo un fondo inversor euro-árabe de Abu Dabi ha conseguido el arrendamiento de 700.000 hectáreas para cultivar cítricos, que se unen a las 190.000 hectáreas que ya tiene preparadas para regadío. La superficie total de ese territorio es superior en dos veces a la extensión citrícola de toda España.
LA UNIÓ se congratula de la preocupación de los parlamentarios europeos por la concesión de miles de hectáreas de tierras públicas para crear grandes explotaciones dedicadas a exportar e inundar el mercado comunitario y pide a la Comisión que investigue las mismas.
La Unió