Además, la Eurocámara rechaza reducir los pagos que reciben los grandes terratenientes y subraya que, por ahora, las ayudas ganaderas no deben desligarse de la producción.
La Eurocámara adoptó, por 510 votos a favor, 88 en contra y 80 abstenciones, un informe no vinculante en el que respaldan gran parte de las reformas propuestas por la Comisión Europea para llevar a cabo el conocido como «chequeo médico» de la PAC.
No obstante, los diputados se oponen al recorte de ayudas que reciben los grandes terratenientes. El informe «rechaza toda discriminación en función de la dimensión de la explotación» (párrafo 12).
Por otra parte, la Comisión propuso reducir las ayudas directas a los agricultores hasta un 13% en 2013 para destinarlas al desarrollo rural (este recorte, conocido como «modulación», es de un 5% en la actualidad). El Parlamento Europeo deja claro que «no puede aceptarse un recorte de los pagos directos de aproximadamente un 8% sin la presentación de una estimación de las repercusiones futuras» (párrafo 72).
Los diputados proponen el siguiente calendario de reorientación de los fondos dedicados a las ayudas agrícolas hacia el desarrollo rural para el periodo 2009-2013: el 1% para los agricultores que reciben entre 10.000 y 100.000 euros, el 2% para las ayudas de entre los 100.000 y los 200.000 euros, el 3% para las situadas entre los 200.000 y los 300.000 euros y el 4% para las de más de 300.000 euros.
Asimismo, el informe destaca que las ayudas directas seguirán siendo necesarias después de 2013, no sólo en caso de problemas de mercados, sino también para compensar los servicios que los agricultores prestan a la sociedad, sino para compensar los altos requisitos sanitarios o ambientales que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos.
El texto aprobado exige que se «apoye exclusivamente a los agricultores que ejerzan activamente una actividad agraria» (párrafo 13) y hacen hincapié en que se debe simplificar la administración de la PAC, sin que ello signifique una «renacionalización» de la Política Agraria y un mayor recorte de las ayudas que reciben los agricultores europeos (párrafos 13 y 2).
La ponente del informe parlamentario, Lutz GOEPEL (PPE-DE, Alemania), propone que la decisión de desligar las ayudas de la producción dependa de cada Estado miembro, al igual que el incremento de las cuotas lácteas (informe «Jeggle» también aprobado). Asimismo, subraya la necesidad de elaborar una evaluación de impacto sobre la puesta en marcha de una «prima a la hectárea», sobre todo para los cultivos intensivos.
El texto reconoce que se debe acelerar el proceso de desacoplamiento de ayudas y producción en el sector vegetal (lino, fécula de patata, forrajes…) y orientarlo hacia el régimen de pago único, según la superficie cultivada.
Sin embargo, las ayudas ganaderas no deberían modificarse «por el momento», puesto que el sector atraviesa en la actualidad dificultades derivadas del alza de los precios de los piensos y forrajes.
Retirada de tierras y recursos energéticos
Los diputados respaldan la supresión «inmediata» de la obligación de retirada de tierras de la producción, ya que este sistema «ha perdido su sentido (…) y es además de extrema complejidad administrativa». Por ello, el Parlamento pide la conversión de los derechos de retirada en derechos normales (párrafo 37, enmienda 3).
La Eurocámara también solicita que los recursos no utilizados como consecuencia de la supresión de la prima para los recursos energéticos se pongan a disposición específicamente para medidas complementarias para la organización del mercado de la leche, especialmente en las zonas montañosas (párrafo 40).
Intervención sobre los mercados
Los diputados piden que los sistemas de seguros, tanto privados como mixtos, se desarrollen urgentemente con el apoyo de financiación pública. Además, emplazan a la Comisión a que ponga en marcha un régimen de reaseguros contra los desastres medioambientales y climáticos, financiado por el presupuesto de la UE.
El informe también es favorable a la eliminación de la intervención para los cereales, salvo para el trigo, y a que el actual sistema de intervención se sustituya por una red de seguridad en las situaciones de crisis derivadas, entre otros, del cambio climático.
Retención de las ayudas por parte de los Estados miembros
Según la Eurocámara, el actual mecanismo que permite a los Estados retener hasta un 10% de las ayudas directas a sus agricultores debería revisarse para garantizar que estos fondos dan prioridad a los cultivos en las zonas montañosas, con escasez de agua, húmedas o desfavorecidas; así como a la reestructuración de los sectores clave (cultivos, bovino, producción lechera y ovino) y a las ayudas medioambientales a la superficie (agricultura biológica). En una enmienda aprobada por el pleno (número 10), los diputados aseguran que este instrumento no debe conducir a una renacionalización de la PAC.
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