El texto definitivo fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo pueda depender del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano, en la conservación del patrimonio artístico, en la ordenación del territorio y en la distribución comercial, que en ningún caso podrán «encubrir requisitos de planificación económica».
Asimismo, precisa que las comunidades y ayuntamientos que incumplieran lo dispuesto en esta ley, dando lugar a sanciones a España por parte de la Comisión Europea asumirán, en la parte que les sea imputable, a través de un recorte en las transferencias que reciben del Estado.
En este sentido, el diputado ‘popular’ Celso Delgado, denunció que la norma «llega con un mes y medio de retraso» sobre el límite fijado por Bruselas para la transposición de la Directiva Europea de Servicios y rechazó la «confusión jurídica» que, a su juicio, provoca una norma «limitada por las presiones de las comunidades autónomas».
El texto clarifica también los procedimientos de otorgamiento de licencias y se reconoce a las comunidades autónomas como «autoridad competente» para registrar las empresas franquiciadoras. Además, se prorrogarán automáticamente las licencias de venta ambulante otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y reconoce las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para regular los plazos de vigencia.
Asimismo, señala que las autoridades competentes facilitarán el abastecimiento de toda clase de productos en un entorno de proximidad, atendiendo los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos. Asimismo, se hará especial atención a aquellos ciudadanos que por determinadas circunstancias tienen dificultades de desplazamiento
Europa Press