Actualmente los programas de desarrollo rural (PDR) deben asignar a medidas para la mejora del medio ambiente y del entorno rural al menos un 25% del presupuesto total, en señal de la prioridad concedida por la Unión Europea al fomento de una agricultura más sostenible y beneficiosa para el medio ambiente. Entre éstas se encuentran las medidas agroambientales
Estas ayudas remuneran económicamente a los agricultores que, de manera voluntaria, se comprometen a realizar un conjunto de prácticas agrarias favorables para la biodiversidad o los recursos naturales. No obstante, a escasos días de que se presenten las propuestas de la Comisión Europea para la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), se mantiene la incertidumbre sobre la obligatoriedad o prioridad que se concederá a las agroambientales, y cómo afectarán los posibles nuevos pagos a la aplicación de estas ayudas.
Precisamente en relación con estas medidas, el Tribunal de Cuentas ha publicado hace poco un informe en el que, sin cuestionar la conveniencia de estas medidas en el marco de la PAC, se critican algunos aspectos de su funcionamiento. En concreto, se destacan la falta de información sobre sus beneficios ambientales, así como la falta de diferenciación según las características regionales, y la necesidad de orientar con una mayor precisión el gasto agroambiental mediante la definición de objetivos claros.
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