El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) se había comprometido a convocarla después de conocer la valoración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre su Propuesta de Real Decreto; un mes y medio después de que el organismo regulador la valorase negativamente, el sector fotovoltaico sigue esperando, cada vez más afectado por la incertidumbre y la inestabilidad regulatoria.
La CNE, en su informe 31/2007, relativo a la propuesta de real decreto de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de
mantenimiento de la retribución del real decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, afirma que el MITyC “deberá en tiempo útil remitir una propuesta de Real Decreto a fin de que los agentes puedan tomar sus decisiones en relación con las instalaciones que se pusieran en marcha con posterioridad a esa fecha”.
“Tiempo útil”
La CNE, al igual que el sector fotovoltaico, rechaza la Propuesta del MITyC y le propone elaborar otra, pero “en tiempo útil”, con el objeto de que las empresas puedan planificar correctamente su actividad. Este “tiempo útil” cada
vez es más corto: la inversión se paralizó en cuanto se conoció la Propuesta y esta parálisis ya está afectando gravemente a las empresas y al futuro del sector.
El pasado otoño, el MITyC se comprometió a reabrir la Mesa de Trabajo cuando se conociera la posición de la CNE, pero hace un mes y medio desde que se pronunció el Consejo del organismo regulador, y el sector fotovoltaico sigue esperando, cada vez más preocupado por la incertidumbre y la inestabilidad regulatoria con que desarrolla su actividad.
Aunque la fecha límite de aplicación del RD 661/07 es el próximo 30 de septiembre, las instalaciones en construcción tienen como límite los primeros días del mes de julio, previendo retrasos en su tramitación administrativa. En
consecuencia, el horizonte de actividad del mercado fotovoltaico nacional apenas llega a seis meses.
Período electoral
La elaboración y tramitación de un nuevo Real Decreto necesita varios meses, lo que recorta aún más el escaso “tiempo útil” del que dispone el sector para conocer las condiciones bajo las que tendrá que operar. A ese plazo temporal necesario e indefinido, pero no breve, hay que añadir la incertidumbre y el retraso que aporta la convocatoria de Elecciones Generales el próximo 9 de marzo, por la presión que ejerce la campaña electoral sobre la agenda pública.
Sin embargo, el sector fotovoltaico no cree que la política de fomento de las energías renovables deba verse afectada por la coyuntura política. Se trata de un asunto de Estado, respaldado por todos los partidos políticos, que requiere estabilidad a largo plazo, más allá del alcance de una legislatura.
Buena prueba de ello es que la Unión Europea ha planteado los objetivos comunitarios de consumo de energías renovables a 12 años vista, en 2020. España apuesta por cubrir un 20% de su consumo energético con renovables en 2020, lo que requiere clarificar cuanto antes el futuro del sector fotovoltaico y eliminar la incertidumbre y el vacío legal que amenazan con paralizarlo.
El mercado fotovoltaico nacional necesita un ajuste y una nueva regulación para crecer de un modo sostenible y sostenido, y el tejido empresarial del sector no puede esperar más para conocer la profundidad y el alcance de ese ajuste y las condiciones de la nueva regulación. La Mesa de Trabajo debe reabrirse inmediatamente.
APPA