Crear un grupo permanente de interlocución que resuelva los problemas que surjan en el sector hortortícola almeriense, es la primera medida que ha adoptado el grupo técnico encargado de elaborar el Plan Estratégico de Almería, que es la aplicación del Plan de Modernización de la agricultura andaluza para el desarrollo y mejora del sector en aquella provincia. Consejería de Agricultura, organizaciones agrarias, cooperativas y organizaciones de productores han celebrado hoy su primera reunión en Almería para preparar el desarrollo del plan. En principio, se ha concretado la realización de un seminario de trabajo el próximo mes de diciembre para analizar las principales preocupaciones del sector.
Con este programa se intenta coordinar y optimizar las actuaciones propias de la Consejería de Agricultura, el desarrollo interprofesional del sector, potenciar las políticas de certificación de la calidad y la forma de aplicar la OCM (Organización
Común de Mercado) para aprovechar mejor los recursos que propone. Otro de los objetivos es dinamizar y estimular la iniciativa del sector tanto en la actividad económica como en investigación, desarrollo y formación.
Entre las novedades del plan, que se presentó el pasado día 22 a los miembros de la comisión parlamentaria de Agricultura y a la Mesa Hortotícola, destaca el modelo de actuación público-privado en el que se basa, tanto en la elaboración como aprobación y posterior ejecución de las medidas que se adopten. En principio, no contempla ficha financiera
hasta que se realice un diagnóstico exhaustivo sobre la situación del sector y las acciones que hay que realizar. A partir de ahí, se decidirá quién debe ejecutar y apoyar económicamente cada actuación, que dependiendo del caso corresponderá a la
Consejería de Agricultura, al sector o a ambos conjuntamente.
Cabe destacar que el sector hortícola almeriense genera una producción valorada en 1.600 millones de euros y ocupa 24.374 explotaciones de cultivos protegidos. Es uno de los sectores más dinámicos, con unas exportaciones que superan los 1.000 millones de euros.
Junta de Andalucía