El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pondrá en marcha, para la campaña de producción 2000/2001, seguros que permitan cubrir todos los riesgos climáticos en los cultivos herbáceos extensivos (cereales, oleaginosas y proteaginosas), en remolacha de secano, así como en viñedo, olivar y almendro, ya en vigor, y que podrán suscribirse durante el último trimestre de este año. El Gobierno ya incorporó en la pasada legislatura la cobertura del riesgo de sequía e inundaciones, en todas las líneas de seguros agrarios, con el fin de que las actuaciones, de carácter extraordinario, no tengan que seguir implementándose, para paliar los daños que puedan ocasionar en las producciones agrarias futuras sequías o inundaciones. En esta legislatura se terminará con esta tarea y se continuará con la política de perfeccionamiento del sistema. Es de esperar que, a través de esta medida, de carácter ordinario, el conjunto de dichos cultivos quede cubierto de todos los riesgos climáticos que puedan afectarles, garantizando así a los agricultores los ingresos necesarios para el funcionamiento de las explotaciones en caso de siniestro en las cosechas. Por otra parte, el MAPA continúa en estos días con el pago de las indemnizaciones previstas en el Real Decreto 11/99, para paliar los efectos de la sequía en los cultivos de cereales, leguminosas, girasol y remolacha. Dichos pagos de refieren a 17.053 solicitudes de agricultores que han sido tasadas para evaluar, explotación a explotación, las indemnizaciones a que fueran acreedoras por los daños sufridos. Los primeros pagos ordenados supusieron un montante de 238 millones de pesetas referidos a 1.997 expedientes, estando previsto realizar en fecha próxima nuevos pagos por importe de 1.585 millones de pesetas, referidos a 5.392 expedientes. La previsión de pagos a efectuar, con cargo a este Real Decreto-Ley es de cerca de 4.000 millones de pesetas, y se espera su ultimación en las próximas semanas. Desde 1996, el Gobierno han promulgado 8 Reales Decreto-Ley (4 en 1997; 1 en 1998 y 3 en 1999). Estas medidas se han adoptado con el fin de indemnizar a los agricultores, que habiendo suscrito pólizas de seguros agrarios dichas pólizas no cubrieran los daños ocasionados, por la sequía o las indemnizaciones, en sus producciones.
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