En este sentido, denunció que los distribuidores de patatas se benefician de forma «ilícita» de la venta del producto, ya que los agricultores reciben sólo 0,04 de euros por kilo del alimento, mientras su oferta en el mercado corresponde a 0,60 de euros por kilo –lo que supone a las industrias un lucro de 1.500 por ciento sobre la mercancía, y a los productores la imposibilidad de pagar los costes de producción–.
Frente a ello, Freire reclamó que el Gobierno gallego «trabaje» y «busque soluciones» para el problema del sector de la patata en Galicia. Al respecto, demandó que la Administración autonómica realice convenios, acciones de incentivo de la producción y que también proceda a efectuar las denuncias que sean «necesarias» para que la situación de «abuso» de los sectores alimenticios gallegos no se convierta en un «hábito».
De esta manera, la secretaria xeral del SLG solicitó que el Gobierno español aborde en la próxima Presidencia de la Unión Europea la regulación del mercado, de modo que se «impidan» los márgenes comerciales «completamente abusivos para quien produce y para quien come todos los días».
Además, pidió al Gobierno central que no «permita» todos los tipos de acuerdos comerciales que posibiliten la importación de patata de cualquier parte del mundo, ya que eso representa un «incentivo a la extorsión» de los productores gallegos y de la ciudadanía.
Europa Press