Moraleda indicó en rueda de prensa que sólo existe un precedente en la Unión Europea de que el Tribunal de Justicia requiera una comparecencia de representantes legales que no dependen directamente de un Estado miembro, pues anteriormente sólo había aceptado en un caso con Greenpeace.
UPA presentó un recurso en noviembre de 1998 contra la nueva OCM del aceite que se había aprobado en mayo de ese mismo año por considerar que ese nuevo sistema de ayudas era lesivo para los intereses de los agricultores españoles y el Tribunal de Justicia europeo lo desestimó por entender que en este caso había "ausencia de legitimación activa" sin entrar a valorar el fondo de la argumentación de UPA.
Esta falta de legitimación se producía porque el Tribunal entendió que sólo los Estados miembros tienen derecho a interponer recursos de este tipo, una decisión contra la que UPA alegó por entender que los agricultores españoles no tenían una "tutela judicial efectiva" ya que, en su opinión, el Gobierno español no defendió sus intereses a pesar de ser su representante.
La comparecencia ante el Tribunal es para que UPA explique por qué cree que se produce esta falta de tutela y, según Moraleda, esto puede suponer "un precedente importante aunque no significa que nos vaya a dar la razón", recordando que ni siquiera las comunidades autónomas tienen legitimación para actuar con recursos de este tipo ante este órgano de la Unión Europea.
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