Remitido por ASAJA-Sevilla:
En el encuentro, organizado por el Parlamento Europeo para conocer las opiniones más relevantes sobre la propuesta de reforma de la OCM del Azúcar que presentó el pasado 22 de junio la Comisaria de Agricultura, Mariann Fischer-Böel, han intervenido también el presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento, Joseph Daul, el presidente de la Comisión de Comercio, Enrique Barón, el director del Área de Alimentación, Agricultura y Pesca de la OCDE, Stefan Tangermann, el presidente de la Confederación de Productores Europeos de Remolacha (CIBE), Hubert Chavannes, el presidente de la Confederación Europea de Fabricantes de Azúcar, Jean-Louis Barjol, y el presidente de la Confederación de Industrias Consumidoras, Alain Beaumont.
Durante su intervención en representación de los agricultores europeos, Ricardo Serra ha criticado duramente la propuesta de reforma, puesto que pese a que el propio informe de impacto de la Comisión reconoce que con esta propuesta la producción europea de azúcar se reduce en 8 millones de toneladas (el 40% de la producción comunitaria) esa reducción recae en las zonas más deprimidas y menos competitivas, que son las que tienen mayores costes de producción, lo que supone a juicio de Serra, “la mayor demostración de insolidaridad y discriminación que se haya visto jamás en la historia de la UE”.
En opinión de Serra la propuesta es claramente contraria al Tratado de Roma y al propio proyecto de Constitución Europea, que en su capítulo correspondiente a la Política Agrícola indican claramente que “La organización común deberá limitarse a conseguir los objetivos enunciados en el artículo III-227 y deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Unión. Cualquier política común de precios deberá basarse en criterios comunes y en métodos uniformes de cálculo.” Una premisa que en opinión de los productores europeos no se cumple con esta propuesta.
La discriminación va más allá, puesto que la propuesta ni siquiera contenta a los países menos avanzados (PMA) que han manifestado su preocupación por la fuerte reducción de precios, que provocará también una reducción de sus ingresos y que da al traste con sus expectativas a medio y largo plazo, ya que si se aprueba la reforma, la entrada en vigor en 2009 del tratado Todo Menos las Armas no les va a reportar los beneficios que esperaban.
Por otra parte, el vicepresidente del COPA criticó la estrategia de división del sector que lleva implícita esta reforma, pues a la ya citada discriminación entre países competitivos y menos competitivos se le suma el intento de la Comisión de enfrentar a los productores con la industria transformadora, a quienes se pretende “satisfacer” mediante el Plan y el Fondo de Reestructuración y para ello, en caso de cierre de fábricas y amortización de cuotas de producción de azúcar, la Comisión ofrece 4,68 €/t de remolacha, equivalentes a 36 €/t de azúcar a los agricultores, frente a los 730 €/t de azúcar que da a los fabricantes.
Está claro que la Comisión estimula generosamente -con el dinero de los consumidores- a los industriales para que abandonen la producción y se amorticen cuotas de azúcar y despacha con una limosna a los remolacheros, que se están viendo obligados a dejar la producción y a renunciar a su cuota de producción.
Serra criticó también la hipocresía que supone el supuesto mantenimiento de las cuotas, en su opinión “una auténtica falacia”, pues oficialmente se mantienen las cuotas por países y productores tal y como están en la actualidad, pero mediante la rebaja salvaje de precio se obliga a los cultivadores a abandonar la producción de remolacha y, simultáneamente, se incentiva y estimula a las empresas azucareras, por la vía de una importante compensación, a que cierren sus fábricas. Por lo que las cuotas, tal y como figuran en la propuesta de la Comisión, nunca estarán garantizadas, ya que en cada campaña dependerán de las importaciones.
Por último, Serra criticó la indiferencia de la Comisión con el comercio triangular de azúcar (SWAP), un asunto sumamente grave que perjudica a los productores europeos y también a los de los PMA y tan sólo beneficia a grandes productores como Brasil.
Por todo lo expuesto, concluyó Serra, “esta propuesta resulta totalmente inadmisible, éste no es el camino para conseguir que los ciudadanos de la Unión Europea se sientan representados por sus instituciones, por lo que desde el COPA esperamos que la Comisión recapacite y que el Consejo de ministros de Agricultura impida que esta propuesta continúe su tramitación oficial”.
ASAJA Sevilla