Elena Espinosa considera prioritario mantener la producción de azúcar en la UE

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa ha defendido en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, que es prioritario que se mantengan la producción de azúcar en todas las regiones productoras de la UE, en sus diversas modalidades, con el fin de asegurar las rentas de los agricultores y el tejido económico de estas zonas. La Ministra, ha acudido a Bruselas acompañada, por primera vez, del Consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Valín, que formaba parte de la delegación española debido a la importancia que el sector del azúcar tiene en la economía de esa comunidad autónoma.

Respecto a los planteamientos del Consejo, sobre la necesidad de reformar la OCM del azúcar en línea con las decisiones de la reforma de la PAC 2003 y 2004, incluyendo el calendario propuesto, la ministra Espinosa manifestó que el modelo no implica solamente el desacoplamiento como único instrumento de reforma y que debería incluir el compromiso del Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 2002 en el que se acordó que la agricultura multifuncional se mantendría en todas las zonas de Europa.

En relación con el calendario, la entrada en vigor del Reglamento debería situarse al principio de la campaña 2006/07 y su vigencia debería prolongarse, por lo menos, hasta 2013, periodo de tiempo esencial para que el sector realice las adaptaciones necesarias para ser competitivo.

En lo que se refiere al ajuste de cuotas propuesto, de 2,8 millones de toneladas, Espinosa manifestó que debería realizarse sobre los Estados miembros productores que han generado excedentes y en todo caso mantener el actual sistema establecido por el Consejo en la OCM para reducir las cuotas de producción de azúcar, actualmente denominado «desclasificación», con el que todos los países están de acuerdo y que implica cargar el ajuste sobre las zonas de producción que provocan los excedentes. Debería «equipararse la cuota de producción con el consumo interno», en cada Estado miembro, como se indica en la Comunicación para toda la Unión Europea.

No deberían agruparse las cuotas B con las cuotas A. La consideración que ambas han tenido desde su origen y a lo largo de la aplicación de la OCM es totalmente distinta. En todo momento la cuota B es la producción excedentaria (la que genera problemas en los mercados internacionales) en todos los países de la Unión Europea. La financiación actual del régimen, en general para la eliminación de excedentes, se carga a la cuota B.

En cuanto al tema de los precios y al mantenimiento de las rentas de los agricultores y del tejido económico de las zonas productoras, Espinosa afirmó que los precios que propone la Comisión son muy bajos y la compensación escasa y deberá compensarse el total de la diferencia de precios que finalmente se establezca. En este sentido, en el caso de España por el efecto del actual mecanismo de precio derivado, la reducción sería del 43,2 por ciento, notablemente superior a la considerada por la Comisión al calcular el sobre financiero de cada país.

Respecto a la reestructuración del sector del azúcar de la Unión Europea, teniendo en cuenta sus efectos sobre productos relacionados, como son la isoglucosa, glucosa, almidón, industria química y bioetanol, la ministra manifestó que en lo que se refiere a las industrias química y farmacéutica utilizadoras de azúcar, que representan una actividad de vanguardia ligada a la biotecnología, el tratamiento que les da la Comunicación difícilmente les permitirá subsistir. Sin suministro de azúcar, a precio mundial, el sector tendrá dificultades tanto en precio como en calidad y cantidad, aseguró la Ministra quien también añadió que se deslocalizaría, se perderían empleos y posibilidades de innovación y progreso tecnológico.

Hay que tener en cuenta la contribución del cultivo de la remolacha al tejido económico y social de muchas zonas rurales europeas. España no puede asumir otra situación, que no asegure unos efectos favorables a la cohesión, imputándose el posible ajuste sobre los responsables de la generación de excedentes.

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