Según la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Mar de Barents no es el único lugar donde los buques españoles sufren la competencia desleal de los barcos que practican la pesca ilegal.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ha defendido hoy, en el Consejo de Ministros de la UE, la conveniencia de adoptar medidas comerciales contra las capturas ilegales mediante un régimen común en toda la UE.
Elena Espinosa ha hecho esta afirmación en relación con las medidas a adoptar para combatir los desembarques ilegales de bacalao del Mar de Barents. La Ministra ha indicado que comparte la preocupación suscitada por la sospecha de comercialización de bacalao captura de forma ilegal.
La Ministra ha indicado que hay buques españoles que faenan en esta zona y que ven igualmente mermadas sus posibilidades de pesca de bacalo debido a que otros buques no respetan las medidas establecidas de gestión y conservación del recurso. Elena Espinosa ha hecho hincapié en que, por desgracia, el Mar de Barents no es el único lugar en el que los buques españoles sufren esta competencia desleal con otros que realizan pesca ilegal.
En este sentido, la Ministra ha señalado que España, en su lucha contra la pesca ilegal, aplica el control de desembarques de productos pesqueros de terceros países que se realizan en puertos españoles. Asimismo, Elena Espinosa ha subrayado el impulso dado por España a la hora de adoptar medidas contra la pesca ilegal, en particular a través de las respectivas Organizaciones Regionales de Pesca, tales como el establecimiento de listas de buques ilegales y de banderas de conveniencia.
Por tanto, ha subrayado la Ministra, España comparte y apoya todas las medidas que se adopten para incrementar el control y luchar de la forma más eficaz posible contra la pesca ilegal. En el caso concreto del Mar de Barents, Elena Espinosa ha precisado, la necesidad de establecer normas vinculantes en relación al control e inspección, dado que no todos los países comparten la misma interpretación del Tratado de París de 1920 por lo que debe adoptarse un marco jurídico común en esta materia
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