250.000 agricultores y ganaderos, con una inversión de 75 millones de euros, se beneficiarán cuando el sistema esté en pleno funcionamiento en el año 2007.
En el año 2006 está previsto que se asesoren unos 50.000 agricultores y ganaderos, con una inversión cercana a los 50 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se regula el establecimiento, las condiciones y el reconocimiento de las entidades que prestarán servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, estableciéndose para ello un régimen de ayudas que se concederán tanto para la creación o adecuación de las entidades de asesoramiento, como para los agricultores que utilicen esos servicios, estando prevista una inversión total para este primer año de aplicación del sistema (FEOGA+Nacional) de 50 Millones de euros, de los que 9,6 Millones de euros corresponderán a los Presupuestos Generales del Estado.
Estas entidades asesoras deberán llevar a cabo el diagnóstico de la situación y propuesta de mejoras en las explotaciones en materias relacionadas con la salud pública, sanidad animal y vegetal, bienestar de los animales, buenas condiciones agrarias y medioambientales, y, en el caso de los agricultores jóvenes, las materias relacionadas con el inicio de la actividad. A estos efectos de asesoramiento, los agentes económicos y sociales, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias, pueden jugar un papel determinante en su desarrollo.
Si bien todos los agricultores podrán acceder, de forma voluntaria, a los servicios de asesoramiento, la nueva normativa estipula que tendrán prioridad los agricultores que reciban más de 15.000 euros anuales en concepto de pagos directos, los titulares de explotaciones calificadas como prioritarias, así como los que tengan la condición de agricultor joven o mujer, los que hayan asumido compromisos agroambientales y los que participen en programas de calidad de los alimentos.
Las entidades de servicios de asesoramiento, deberán solicitar su reconocimiento al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que tengan previsto ejercer su actividad, pero si su actuación se desarrolla en varias Comunidades, el reconocimiento corresponderá a la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entre otros requisitos a estas entidades se les exige disponer de personal cualificado, con formación en materia de asesoramiento, y acreditar experiencia y fiabilidad en este tema.
El texto aprobado contempla también la creación en el MAPA, de un Registro Nacional de entidades con servicios de asesoramiento, en el que deberán inscribirse tanto los servicios reconocidos por el Ministerio de Agricultura, como los reconocidos o designados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto recoge igualmente el régimen de ayudas que se podrán conceder tanto para la creación o adecuación de las entidades privadas de asesoramiento, como para los agricultores que utilicen estos servicios. También se prevé una ayuda incrementada a la primera instalación de agricultores jóvenes cuando estos recurran o se comprometan a recurrir a los servicios de asesoramiento.
Las ayudas para la creación o adecuación de servicios de asesoramiento consistirán en una ayuda a la inversión en bienes inventariables de hasta el 50% de la inversión realizada en los cinco primeros años de funcionamiento; y ayudas a la creación de puestos de trabajo mediante contratos nuevos suscritos con demandantes de primer empleo o desempleados durante, al menos, los seis meses anteriores, que no superarán el 60% de los costes salariales.
Las ayudas a los agricultores por la utilización de los servicios de asesoramiento están destinadas a sufragar los gastos incurridos por la consulta a estos servicios cuando los informes o dictámenes tengan por objeto evaluar el rendimiento y viabilidad de la explotación y determinar el cumplimento, y en su caso, proponer mejoras relativas a la aplicación de la condicionalidad.
El importe de la ayuda a los agricultores será de hasta 1.000 euros en el caso de explotaciones prioritarias y de hasta 800 euros, en el resto, estableciéndose incrementos en el caso explotaciones situadas en zonas desfavorecidas, zonas Natura 2000, agricultores jóvenes, mujeres, explotaciones que han asumido compromisos agroambientales o participen en programas de calidad de los alimentos. La ayuda está limitada a un 80% del gasto facturado y no podrá superar los 1.500 euros por explotación, con una frecuencia de como máximo 3 años.
Para la coordinación del sistema de asesoramiento en España, el MAPA se reunirá periódicamente con representantes de las comunidades autónomas y entidades que presten el servicio de asesoramiento, con el fin de evaluar y analizar su funcionamiento.
Para este primer año de aplicación del sistema de asesoramiento en España 2006, se prevé un acceso de 50.000 agricultores y la creación de 100 oficinas en todo el territorio nacional, mientras que para 2007, cuando el sistema esté en pleno funcionamiento, y con una inversión de 75 millones de euros, se espera que 250.000 agricultores y ganaderos se beneficien de estos servicios
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