EN MARCHA UN PLAN NACIONAL CONTRA LA PESCA ILEGAL

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) propondrá la elaboración inmediata de un plan nacional contra la pesca ilegal a las administraciones autonómicas para que, desde su ámbito competencial, impulsen todas las medidas necesarias para erradicar esta actividad. Este asunto figura en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Pesca que este martes 10, a las cinco de la tarde, tendrá lugar en el Parque Nacional de Doñana, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y alimentación, Miguel Arias Cañete. La conferencia se celebra en el Palacio de Las Marismillas. La propuesta será explicada a los consejeros autonómicos con competencias pesqueras por el secretario general de Pesca Marítima del MAPA, Samuel Juárez Casado.

En la Conferencia Sectorial de Pesca, ministro y consejeros tienen previsto abordar otros asuntos como el Libro Verde de la Política Común de Pesca (PPC), que debe ser revisada antes del 31 de diciembre de 2002. El documento fue presentado al Consejo de Pesca europeo el 25 de abril, con para que sea objeto de discusión hasta finales del presente año 2001. Otros puntos son la situación actual del Plan de Acción de Marruecos (PAM), el proyecto de Real Decreto de control de las primeras ventas de pescado y los criterios objetivos de distribución entre las comunidades autónomas de los Presupuestos Generales del Estado para el PAM.

Reforzar la cooperación contra la pesca ilegal Mientras se trabaja en la elaboración de este plan nacional contra la pesca ilegal, el ministro, Miguel Arias, propondrá también a los consejeros autonómicos reforzar la cooperación entre los distintos sectores de las administraciones implicadas, particularmente en el control de los barcos ilegales, las tallas reglamentarias, el control de la pesca deportiva, de los puertos y las lonjas, el comercio interior (coordinación entre los servicios de inspección de las Comunidades Autónomas limítrofes) y el control del mercado detallista. Partiendo de un refuerzo de los controles, la estrategia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el MAPA entiende que ha de estructurarse sobre la base de la corresponsabilidad de todos los sectores de la actividad pesquera, y utilizando todos los medios disponibles a escala nacional.

El 24º. período de Sesiones del Comité de Pesca de la FAO (COFI), que se celebró el pasado mes de febrero, aprobó por consenso un Plan de Acción Internacional contra la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada (INDNR). Este Plan, que se inscribe en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable y a pesar de su carácter voluntario y no vinculante, es, a juicio de España, una línea de actuación de carácter político que marca una tendencia de la que difícilmente se pueden sustraer los Estados y las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (ORPEl objetivo básico de España ha sido y es hasta ahora afianzar la pesca como actividad económica responsable en todas sus facetas sobre la base de una conservación y explotación sostenible de los recursos, y de una comercialización responsable de los productos de la pesca.

Buques con pabellones de conveniencia

Uno de los mayores focos de pesca ilegal es el creado por los buques con pabellones de conveniencia. España fue uno de los primeros países en tomar medidas contra la pesca ilegal antes de que saliera a la luz el plan de acción de FAO. En 1998, nuestro país definió, mediante un real decreto, los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca. En dicha disposición se condiciona la autorización para la exportación definitiva de buques de la flota de altura a que no se efectúe a los países que figuran listados en otro Real Decreto, el 1080/1991, en el que se determinan los países y territorios a los que se atribuye el carácter de paraísos fiscales. En dicha lista de 48 países figuran muchos de los países que son pabellones de conveniencia desde un punto de vista pesquero.

Por su parte, el Real Decreto 601/1999 de 16 de abril reguló el Registro Oficial de Empresas pesqueras en Países Terceros. La creación y mantenimiento de este registro supone un instrumento para el seguimiento de las actividades que realizan las empresas pesqueras participadas por capital español en países terceros. Finalmente, el Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre, por el que se estableció la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector de la pesca.
La disposición legal condiciona la autorización de constitución de sociedades mixtas a que existan garantías adecuadas de que no se va a vulnerar el Derecho internacional, en particular en lo que se refiere a las normas de conservación y de gestión de los recursos del mar y en lo que se refiere a las condiciones de trabajo de los pescadores.

MAPA

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