Esta reforma tiene una gran trascendencia en España dado que el sector de frutas y hortalizas representa más de la mitad de la producción agrícola, siendo uno de los más dinámicos y caracterizándose por su clara orientación al mercado.
En este sentido, España considera que la reforma aprobada contribuirá de forma importante a mejorar la competitividad del sector, potenciando el protagonismo de las Organizaciones de Productores como instrumento de ordenación del sector.
Las mejoras conseguidas afectan tanto a los productos frescos como a los productos transformados.
En relación con los productos frescos se introducen medidas para hacer más eficaces a las Organizaciones de Productores y reforzar sus Fondos Operativos. En concreto, se incrementan las ayudas para organizaciones fusionadas y asociaciones de organizaciones de productores así como para las OPs de las Islas Canarias.
Igualmente, se da mayor flexibilidad en la constitución y utilización de los fondos operativos, especialmente en materia de promoción y medio ambiente.
En el capítulo de gestión de crisis se ha logrado un incremento de la ayuda comunitaria a los fondos operativos del 4,1 al 4,6% y se permite la concesión de ayudas nacionales para los productores no asociados. Por otra parte, la reforma permite adoptar medidas preventivas como la retirada en campo y la promoción.
Además, se introduce la posibilidad de concertar créditos con entidades financieras para resolver situaciones de crisis sin disminuir las inversiones de los programas operativos. Con este conjunto de medidas se conseguirá llevar a cabo una regulación de crisis más eficaz. Finalmente, la Comisión se ha comprometido a estudiar a fondo la propuesta para prevenir y gestionar crisis en el ámbito de los seguros.
En lo que se refiere a productos frescos, también hay que destacar el hecho de que se mantengan las normas de comercialización con el objetivo de dar transparencia al mercado a lo largo de toda la cadena de comercialización teniendo en cuenta los intereses de productores y consumidores.
En relación con los productos que se destinan a la transformación se ha conseguido un periodo transitorio de 4 a 5 años, según productos antes de llevar a cabo el desacoplamiento total de las ayudas comunitarias. Así, España podrá decidir el régimen a aplicar en el periodo transitorio para los distintos productos, particularmente para los cítricos y el tomate. La fórmula obtenida ofrece una gran flexibilidad que va a permitir favorecer la relación productor-industria con el objetivo de ir adaptándose a un escenario de ayudas desvinculadas de la producción.
Además, se ha conseguido que España pueda otorgar una ayuda al tomate para transformación que permita a los productores superar la difícil situación por la que atraviesan en la actual campaña 2007-2008 como consecuencia de las fuertes penalizaciones sufridas por la aplicación de la actual OCM.
Por otra parte, se va a mantener la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en superficies afectadas por el régimen de pago único hasta el 31 de diciembre de 2010. Así, se podrán evaluar las repercusiones de la reforma de la PAC en la distribución y reorganización de cultivos y, en consecuencia, la problemática que pudiera plantear en el sector de frutas y hortalizas la supresión de dicha prohibición.
Por último, y en el marco de la reforma, España quiere destacar que se ha conseguido un compromiso de la Comisión para reforzar las exigencias y controles sanitarios de las importaciones de países terceros. Todo ello, con independencia de mantener el conjunto de medidas de preferencia comunitaria en los intercambios con terceros países: precios de entrada, certificados de importación, cláusula de salvaguardia especial, seguimiento de las cantidades y calendarios de los contingentes.
Asimismo, se quiere resaltar las importantes mejoras obtenidas en el ámbito de la promoción, de forma que se intensificarán las medidas para fomentar el consumo de frutas en la dieta de los ciudadanos y, especialmente, entre los más jóvenes. Así, se promoverán actuaciones en los colegios para asegurar una demanda de futuro y contribuir a la salud de la población.
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