La Presidencia Griega ha presentado, en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra en Luxemburgo, la primera Propuesta de Compromiso relativa a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). En la propuesta, aunque sigue sin ser aceptada, se han obtenido algunos avances en cuestiones de importancia para España.
Las principales cuestiones en las que se ha avanzado son las siguientes:
En la reglamentación del arroz se sustituye el actual sistema de penalización progresiva, por una penalización proporcional en el caso de que se supere la superficie de cultivo asignada a cada Estado miembro.
El cambio de sistema de penalización supone que los productores españoles, que en las últimas campañas han sufrido una reducción media del importe de sus ayudas de un 40%, con un rebasamiento de la superficie asignada a España similar al actual. En caso de rebasamiento verán reducidas sus ayudas en tan solo un 6%. En términos económicos implica unas ganancias anuales netas de en torno a 25 millones de euros; 240 por hectárea.
En el sector de los forrajes desecados, se ha incluido la propuesta española de mantener con carácter permanente la ayuda a la industria de transformación de forrajes. La Comisión había propuesto suprimir la ayuda progresivamente, en un plazo de cuatro años. La continuidad de las ayudas se considera fundamental para el mantenimiento de las 86 industrias hoy existentes en España, que generan 1.150 empleos directos y 3.250 empleos indirectos. Estas industrias están localizadas principalmente en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra.
Se ha conseguido dar satisfacción a una aspiración de la Comunidad Autónoma de Canarias: tanto los pagos básicos directos de las diferentes organizaciones comunes de mercado, así como los distintos sectores y los complementarios del POSEICAN quedan excluidos del desacoplamiento.
El sector lechero mantiene el régimen de cuotas al menos hasta el año 2014. Esto afecta a los 45.000 productores españoles que hoy se benefician de este régimen.
En materia de desarrollo rural se refuerzan las medidas a favor de los jóvenes agricultores, lo que constituye una prioridad para la delegación española:
Se han incrementado del 55% al 60% en zonas desfavorecidas, y del 45% al 50%,las ayudas a las inversiones realizadas por jóvenes agricultores.
Se incrementan las ayudas para la incorporación a la actividad agraria de jóvenes agricultores de 25.000 a 30.000
Asimismo, otra medida de interés para España es el mantenimiento de la promoción genérica, dentro de nuestro territorio, de sectores con producciones elevadas o bien sectores en crisis como: frutas y hortalizas, carne, leche, vino, aceite de oliva y flores, a través del Reglamento 2826/2000, cuya derogación estaba prevista en la propuesta inicial de la Comisión.
A pesar de estos avances significativos, la propuesta de compromiso no aborda los elementos clave de la reforma: desacoplamiento, degresividad, modulación, ni en importantes elementos sectoriales; temas en los que España mantiene posturas no coincidentes con la propuesta de la Comisión, y en los que será necesario seguir avanzando en las negociaciones. España espera nuevas propuestas de compromiso que permitan aproximar las posiciones, y alcanzar una reforma de la Política Agrícola Común, que permita mantener la actividad agrícola y ganadera en todas las regiones españolas.
Editorial