Ello permitirá abrir nuevos mercados, y garantizar la renta de los viticultores europeos, a la vez que se potencia el concepto de vino europeo de calidad que debe sus características esenciales al origen de las uvas con las que se elabora: Los vinos con Denominación de Origen.
Esta nueva OCM ofrece una oportunidad que el sector vitivinícola español debe aprovechar, para situar nuestro vino entre los mejores vinos de Europa.
España, 3º productor de la UE, se consolida como el principal perceptor de la OCM del vino con más del 31 % de los fondos, y unos 420 millones de €, incluido el pago único vinculado al arranque.
La nueva OCM concede un alto grado de subsidiariedad a los Países Productores, para decidir la política a aplicar según sus necesidades particulares y regionales. La política vitivinícola española, se enmarcará en un Programa de Apoyo, que se comenzará a diseñar, con un presupuesto de 400 millones de €.
Además los fondos que estaban destinados a Desarrollo Rural se incorporan a los sobres nacionales para las políticas vitivinícola y se ha conseguido que exista flexibilidad en la asignación de recursos económicos entre las medidas de los sobres nacionales, lo que garantiza que se pueda emplear la totalidad del presupuesto.
También reconoce de forma explicita la participación del sector, a través de sus organizaciones de productores (por ejemplo las cooperativas) para participar en la medidas de la OCM para mejorar la competitividad del sector.
Las Medidas elegibles del “sobre nacional”, se amplían con todas las medidas solicitadas por España, con el objetivo de:
– Estabilizar la renta de los viticultores
– Fomentar procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y que mejoren la calidad
– Mejorar nuestra competitividad
– Prevenir de forma eficaz situaciones de crisis.
En ningún caso, tal y como solicitaba España, se podrán incluir medidas que distorsionen el mercado. Las medidas que fueron solicitadas por el sector español, y acordadas en Conferencia Sectorial. Consistirán en:
- Ayudas directas a las rentas de los viticultores para facilitar la adaptación del sector a la desaparición de las medidas de mercado: Esta ayuda directa permitirá compensar la posible pérdida de renta de los viticultores, así como prever un período transitorio para facilitar una adaptación de la actividad industrial en las regiones implicadas.
- Se mantiene la prohibición del sobreprensado de la uva con el fin de garantizar la calidad del vino elaborado y se instrumentan ayudas para la eliminación de los subproductos, permitiendo una correcta gestión medioambiental de estos subproductos.
- Se introducen medidas dirigidas a la modernización de la cadena productiva y en la fase de comercialización del vino incluyendo el desarrollo de nuevos productos (innovación), lo que permitirá a nuestro sector elaborador mejorar su competitividad.
- Posibilidad de recurrir a medidas de gestión de crisis.
Con la nueva OCM se introduce la posibilidad, por primera vez, de financiar medidas de promoción en mercados de países terceros, sin límite presupuestario y con cargo a los sobres nacionales. Esta era una demanda permanente de nuestros operadores más dinámicos que contribuirá a mejorar la competitividad de nuestros vinos en los mercados internacionales. España destinará, como mínimo, el presupuesto previsto de más de 32 millones de euros anuales para promoción.
La nueva regulación mantiene la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, de la cual España es una gran perceptora y que ha contribuido decisivamente a la transformación de nuestro panorama varietal. En 2007 el sector recibió 162 millones de € en este concepto, lo que refleja la importancia que tiene y seguirá teniendo en la nueva OCM, esta medida para España.
El arranque deja de ser el eje de la Reforma para convertirse en una medida de carácter social que permita una salida digna a los viticultores que deseen abandonar la actividad. Como fue solicitado por España y con objeto de acelerar la consecución del objetivo perseguido por esta medida, el periodo de arranque, inicialmente previsto de 5 anos, se reduce a 3 años, a la vez que se elevan las primas hasta un 20% sobre las actuales.
Esto significa que un viticultor que arranque una superficie con un rendimiento de unos 45 hl/ha (media de Castilla La Mancha), percibiría entre 4800 y 5500 euros/ha, dependiendo del año en que se acoja.
Se introduce la posibilidad de limitar el arranque no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Las CCAA podrán decidir limitar el arranque en su región una vez se alcance el 10% de la superficie regional de viñedo.
Se retrasa la liberalización de plantaciones, que con la normativa actual comenzaría en el año 2010, hasta el año 2015. A partir de esa fecha España podrá mantener los derechos de plantación en las Denominaciones de Origen.
Se refuerza la posición de los vinos españoles y comunitarios, en los mercados de países terceros al basarse las prácticas enológicas aplicables en UE en las recomendaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). España es uno de los miembros con más peso dentro de la OIV.
Asimismo, se mantiene el protagonismo de los Estados miembros, en la adopción de prácticas enológicas, mediante un procedimiento más dinámico que el actual.
Por otra parte, se refuerzan las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas simplificando las nuevas categorías de protección, de tal modo que vienen a sustituir, respectivamente, a los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (vcprd) y a los Vinos de Mesa con derecho a la mención Vinos de la Tierra.
Esta nueva designación y su protección permiten una armonización con las normas internacionales establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), con lo que nuestros vinos contarán con una mayor protección en los mercados internacionales.
Se clarifica la posibilidad de reconocimiento de nuestros Consejos Reguladores de las DDOO como Organizaciones Interprofesionales en el sentido del Reglamento de la OCM y se ha conseguido reflejar las singularidades de determinados vinos españoles: Jerez, Málaga, Montilla – Moriles, Cava y Manzanilla.
En este sentido, se mantiene la protección y el reconocimiento de nombres y menciones tradicionales, como el vino generoso y los vinos de crianza, reserva y gran reserva. Asimismo, se mantienen las particularidades del etiquetado del vino en la OCM.
Por otra parte se garantiza la mayor competitividad de los vinos europeos frente a los vinos “del nuevo mundo” al permitirse el etiquetado con añada y variedad a los vinos sin DOP o IGP con adecuados niveles de control y posibilidad de limitación de utilización de variedades notablemente vinculadas a DDOO. Para favorecer la libre circulación del vino, España ha solicitado a la Comisión Europea que armonice el etiquetado.
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