La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado en el transcurso de su intervención en el Foro de la Nueva Economía la función social de la agricultura y la ganadería en el modelo de sociedad europeo.
Elena Espinosa ha manifestado que si bien el sector agrario dejo hace de ser hace tiempo la actividad más importante desde el punto de vista económico tiene otras funciones que la sociedad debe reconocer y valorar.
Entre ellas, la Ministra ha señalado la función social, medioambiental y cultural ya que los agricultores y ganaderos son los que, a través de su trabajo, mantienen vivo el mundo rural, su cultura y sus tradiciones.
La Ministra también ha argumentado que la Política Agraria Común (PAC), gracias a la última reforma, reorienta las ayudas a quien más las necesita y a quienes ofrecen verdaderamente un servicio a la sociedad .
INTERVENCIÓN
MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
FORO DE LA NUEVA ECONOMÍA
Madrid, 10 de octubre de 2005
El sector agrario hace ya tiempo que dejó de ser el sector de actividad más importante desde el punto de vista puramente económico, entendido éste, como porcentaje del producto interior bruto o número de empleos generados. La segunda mitad del siglo veinte y el inicio de este siglo veintiuno han acentuado, si cabe, esta evolución. Hoy, la agricultura representa en España el 3% del PIB y un 5% de la población activa. Estas cifras son comparables a las de los países de Europa occidental de nuestro entorno.
Hoy, más que nunca, el sector agrario tiene diferentes funciones que debemos reconocer y valorar. Es lo que se ha venido en llamar la multifuncionalidad de la agricultura.
La actividad agraria tiene una importante función económica como generadora de renta para los agricultores, empresas agroalimentarias y trabajadores de las mismas, y contribuye, además, a garantizar la viabilidad de las áreas rurales. Pero ésta no es la única función.
Tiene, indudablemente, una función ambiental, que se pone de manifiesto en la conservación del medio ambiente en el que se desarrolla la actividad, en el suelo, en la conservación de la materia orgánica, en la gestión del paisaje y de la arquitectura rural y en la conservación y mejora de la biodiversidad asociada a la agricultura y a la ganadería.
Cumple también una función cultural, manteniendo la herencia cultural de las áreas rurales; y una importante función social, respondiendo a las demandas de los consumidores en cuanto a seguridad e higiene de los alimentos y calidad de los mismos.
Aporta a la sociedad, sin duda, mucho más que alimentos. Esta aportación positiva y esencial en nuestras zonas rurales, a todos los niveles, debe ser compensada por la sociedad. Deben también tenerse en cuenta las, todavía hoy, dificultades de la vida en los pueblos. La situación ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas, pero, en general, el acceso a los servicios sanitarios, educativos o de ocio es más difícil en las zonas rurales que en las urbanas.
La propia Constitución española, en su artículo 130.1, expone que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Esta es, por lo tanto, nuestra tarea y nuestra responsabilidad.
Por otra parte, en los últimos meses se ha venido suscitando en la sociedad europea en general, y en la española en particular, el debate relativo a las futuras perspectivas financieras de la Unión Europea para el próximo período 2007-2013, sobre todo a raíz del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno del pasado mes de junio en el que no fue posible alcanzar un acuerdo al respecto.
Se está debatiendo, en definitiva, acerca de la dotación económica de los denominados fondos estructurales y de su reparto entre los 25 Estados Miembros. Baste un solo dato para poner de manifiesto la importancia de los fondos comunitarios para España: en el actual período de programación, 2000-2006, España ha recibido, sólo a través de los fondos estructurales, excluyendo el fondo de cohesión, 44.800 millones de euros.
Una cantidad similar, 43.000 millones de euros, se han recibido en este mismo período, en el marco de la Política Agraria Común, a través del FEOGA Garantía.
Como consecuencia del avance económico experimentado por España y de la entrada en la Unión Europea de 10 nuevos socios con renta per cápita muy por debajo de la media comunitaria, España ha dejado de ser objetivo prioritario de los fondos de cohesión, superando el 90% del PIB per cápita comunitario; y de los fondos estructurales, al superar la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas, el 75% del PIB per cápita de la Unión Europea, limite que determina si una región es objetivo 1 o región de convergencia y, por lo tanto, recibe un mayor porcentaje de cofinanciación comunitario.
Hemos de felicitarnos por el avance económico de España que la ha situado cerca de los países más desarrollados de la Unión, pero, al mismo tiempo, debemos reclamar un período de adaptación progresiva a nuestra futura condición de contribuyente neto a las arcas comunitarias.
En el conjunto de los fondos estructurales, por su incidencia en el sector agrario y en el medio rural, destaca el nuevo fondo de desarrollo rural, el FEADER. Es prioritario para España mantener los niveles actuales de financiación del desarrollo rural, para la próxima programación, de cara a consolidar el desarrollo estructural de nuestra agricultura e impulsar la diversificación de la actividad económica en las explotaciones agrarias, de forma particular, y en el conjunto del medio rural, en general.
Otro aspecto muy relevante para el sector agrario es la propuesta británica de reducir los fondos destinados al denominado primer pilar de la PAC, a pesar de que fueron garantizados por el conocido como acuerdo de Bruselas en 2002. En realidad, se ha suscitado nuevamente la conveniencia, necesidad y oportunidad del apoyo al sector agrario, de la continuidad de una Política Agraria Común fuerte, y del excesivo gasto que esta supone. Recoge la posición de una parte de la opinión pública, que viene cuestionando, cada vez con más insistencia, las ventajas de la PAC para el conjunto de la sociedad.
Es, sin duda, un difícil momento para la Política Agraria y para la financiación de la agricultura y del medio rural. No obstante, también es un período que nos presenta numerosas oportunidades de futuro, si sabemos transmitir al conjunto de los ciudadanos todo lo que nos aportan los agricultores.
Como comenté anteriormente, una parte de la sociedad, aleccionada a través de impactantes campañas en los medios de comunicación, considera a la PAC como un elemento distorsionador del mercado, que perjudica a los países en vías de desarrollo, y que favorece a aquellos propietarios de fincas que menos lo necesitan. Además, argumentan algunos, se «come» gran parte del presupuesto de la Unión Europea, cuando representa más bien poco en términos económicos.
Me gustaría rebatir estos análisis y dar argumentos desde un punto de vista completamente distinto.
En primer lugar, la PAC es una política común en la Unión Europea, quizá la única junto con la política estructural, y la que ha dado continuidad al proceso de construcción europea a lo largo de los últimos cuarenta años. Actualmente, representa aproximadamente el 40% del presupuesto de la UE. Puede parecer que este porcentaje supone una cuantía de fondos exagerada, pero en realidad es sólo un 0,45% del PIB de la Unión Europea, y será todavía menos, un 0,33%, en el año 2013.
Con este pequeño porcentaje se garantiza la renta de los agricultores, la vertebración del territorio rural europeo y la seguridad y calidad de los alimentos que consumimos. Es mucho menos de lo que, en los presupuestos nacionales de cada Estado Miembro, se dedica a otras partidas y sectores económicos.
Es cierto que las ayudas de la PAC han tenido, desde su creación, algunos efectos indeseados, como el incremento de ciertas producciones no demandadas por el mercado, o la cuantía excesiva de las ayudas para las grandes explotaciones.
La última reforma de la PAC, que entrará en vigor el año próximo, pone coto a estas situaciones, desligando, en parte, las ayudas de la producción, determinándose éstas en función de pagos históricos y condicionadas al cumplimiento de las denominadas buenas prácticas agrarias y medioambientales y al cumplimiento de los requisitos legales de gestión medioambiental, lo que se conoce como condicionalidad; y estableciendo por primera vez la modulación obligatoria de las ayudas, limitándolas, para aquellas explotaciones que menos lo necesitan.
De esta forma, se introduce un componente social en la PAC, reorientando las ayudas a quien más las necesita y a quien verdaderamente ofrece un servicio a la sociedad.
Todavía, hay elementos a mejorar en la PAC, y en los que debemos trabajar de forma decidida en los próximos años, fundamentalmente en el impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica ligada a la agricultura y a la industria agroalimentaria, a las producciones y a los procesos productivos. Esta es, quizá, la asignatura pendiente de la PAC.
Esta reforma de la PAC va, además, en la dirección que nos indica la Organización Mundial de Comercio. En los últimos años es recurrente el debate en torno a los supuestamente efectos negativos de la PAC en el comercio mundial y, sobre todo, en las exportaciones de los países en vías de desarrollo.
Hay varios argumentos de peso que ponen en entredicho este supuesto. La Unión Europea es, con diferencia, dentro del mundo desarrollado, quien realiza mayor cooperación al desarrollo. Es, además, el principal mercado de destino de las exportaciones agrarias de los Países Menos Avanzados y Países en Desarrollo, en realidad importa más productos agrarios de estos países que el resto de países desarrollados juntos.
Desde hace ya varias décadas, están en marcha diversos instrumentos de cooperación en el marco de los acuerdos con los países ACP, del Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP) y, más recientemente, el programa «Todo Menos Armas», que supone la apertura total de las fronteras de la UE, sin aranceles, a todas las producciones de los 49 países más pobres del mundo.
Con todas estas iniciativas, la Unión Europea se coloca a la cabeza de los países desarrollados en materia de cooperación, y, en definitiva, es la que más avanza en la consecución de los conocidos como objetivos de desarrollo del Milenio, entre los que destaca, especialmente, la reducción a la mitad, para 2015, del hambre en el mundo.
Esta política es perfectamente compatible con la defensa de nuestro modelo social, con nuestras exigencias en materia de calidad, con la defensa de nuestras indicaciones geográficas, la protección del medio ambiente o del bienestar de los animales, en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio.
Porque, como dije antes, no sólo debemos contemplar la función meramente económica de la agricultura. Hay otras funciones de la agricultura y del medio rural. Los agricultores y ganaderos, en general todos los habitantes de nuestros pueblos, son los que, a través de su trabajo, mantienen vivo el mundo rural, la cultura y tradiciones propias de lo rural; lo que, en definitiva, ha construido el modelo de sociedad europeo.
La ciudadanía debe valorarlo y debe estar dispuesta a compensar económicamente las dificultades, que aún existen, en el mundo rural en comparación con el urbano. Es un terreno donde es indispensable la participación decidida de la Administración pública, pero donde también es necesaria una mayor participación de la financiación privada.
En definitiva, debemos reconocer las importantes externalidades positivas, en ocasiones difícilmente mesurables, que los agricultores aportan a nuestra sociedad.
Estos agricultores son, además, los que hacen posible el desarrollo de una pujante industria agroalimentaria, que ocupa ni más ni menos el segundo lugar entre los sectores industriales españoles. Basten sólo dos cifras para resaltar su importancia: representa el 14% de la ocupación y el 17% de las ventas netas de producto sobre el conjunto del sector industrial en España. Esta agricultura y esta industria hacen posible también la mejora de la calidad de los alimentos que consumimos, y la garantía de una alimentación sana y segura, como nunca la ha habido.
Y ahora que tanto hablamos del peligro de la deslocalización de empresas, ¿qué ocurriría con gran parte de nuestra industria agroalimentaria que depende directamente de nuestra agricultura, si ésta dejara de existir?
Me gustaría finalizar mi intervención con una idea. La agricultura, los agricultores y el mundo rural son hoy, más necesarios que nunca. La vertebración del territorio, la conservación del medio ambiente y el consumo de alimentos seguros y de calidad, dependen de los agricultores. La sociedad urbana, las gentes que vivimos alejadas del campo, debemos reconocerlo. En ello, nos va nuestro futuro.
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