El proceso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) mantiene abierto contra España por la insuficiente declaración de zonas especiales de protección de aves (ZEPA) continúa en marcha sin que Extremadura figure ya entre las regiones que habían provocado esa condena.
El último episodio de este proceso lo protagonizó ayer jueves el Abogado General de la UE quien pidió formalmente al Tribunal de Justicia europeo que condene a España por lo que considera una protección insuficiente de las aves en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia.
Hasta hace unos meses Extremadura formaba parte de ese grupo de regiones en las que la declaración de las zonas ZEPA se considera insuficiente y suponía un incumplimiento de la legislación europea sobre la conservación de las aves silvestres (Directiva 79/409/CEE).
Extremadura salió de este proceso cuando la Comisión Europea decidió excluir a la región al considerar que las diversas ampliaciones de las ZEPA en la región en los últimos años han sido suficientes.
Para demostrar ese extremo, la Junta de Extremadura firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (Uex) para que se llevase a cabo un estudio que demostrase la capacidad de declarar un menor porcentaje de suelo como ZEPA (la exigencia de la UE era del 77,3%), sin que ello supusiese incumplir las exigencias europeas.
El resultado de ese estudio fue que la Comisión Europea, teniendo en cuenta las pruebas científicas y técnicas aportadas por la Uex que reflejan las acciones desarrolladas en la región desde las primeras declaraciones de ZEPA en 1991 y hasta las últimas ampliaciones de 2004, decidió sacar a Extremadura de ese proceso judicial en el que aún continúan inmersas otras siete regiones españolas.
AGRALIA