La Ley 82-847, de 6 de octubre de 1982, creó las Oficinas de intervención en el
sector agrícola, “les offices”, como se las denomina comúnmente, con la misión
de reforzar la eficacia económica de los sectores, de
mejorar el conocimiento y el funcionamiento de los
mercados y de aplicar las medidas comunitarias. Son pues,
las encargadas, cada una en su sector, de ejercer la
función de organismo pagador de las ayudas de la PAC, si
bien para las de desarrollo rural es el Centro Nacional de
Ordenación de las Estructuras de la Explotaciones Agrarias
(NASEA) el organismo que realiza esta función.
Las Oficinas, diez en total, agrupadas en ACOFA, Agencia
Central de Organismos de Intervención en el Sector Agrícola, han sido creadas,
casi todas, en 1983, a raíz de la citada Ley 82-847,
como es el caso de OFIVAL (carne), ONILAIT (leche) u
ONIFLHOR (frutas y hortalizas), tres de las más
importantes y representativas, si bien ONIC (cereales)
existe desde 1937 y el Fondo de Intervención y de
Regulación del Mercado del Azúcar (FIRS) data de
1968. Existen también Oficinas para el desarrollo de
la economía agrícola de los Departamentos de
Ultramar (ODEADOM), de oleaginosas, proteaginosas y fibras textiles (ONIOL),
para el vino (ONIVINS), etc. La dimensión varía mucho entre ellas pero, en su
conjunto, emplean a 2.200 personas y manejan fondos por un importe anual de
unos diez millardos de euros, entre las ayudas europeas y las nacionales.
El pasado año el Tribunal de Cuentas hizo un informe muy crítico sobre la
actividad de las Oficinas en su calidad de organismos pagadores. La función
resultaba, en opinión del Tribunal, muy poco eficiente y excesivamente costosa.
Ya en 2003 el presupuesto de las Oficinas, cuya distribución entre ellas debe ser
objeto de informe por parte del Consejo Superior de Orientación y de
Coordinación de la Economía Agraria y Alimentaria, se redujo en un 15% con
respecto al ejercicio precedente y, durante el año, 50 millones de euros han sido
retenidos con objeto de destinarlos a ayudas al transporte de cereales y forraje,
para paliar las dificultades derivadas de la sequía sufrida a lo largo del año.
Para 2004, el Gobierno ha propuesto en la Ley de Presupuestos una nueva
reducción del 2,3%, lo que situaría los créditos para las Oficinas en 386 millones
de euros, frente a 451,1 millones en 2000 y 2001 y 466,34 millones en 2002, de los
que 140 millones, aproximadamente, son destinados al propio funcionamiento.
Obviamente, esas cifras no incluyen los recursos procedentes de la Comisión,
sino que se limitan a los fondos para políticas nacionales de “orientación”.
El diputado por el departamento de Drôme del partido del Gobierno, Hervé Martin,
ha realizado un informe en el que, aceptando la utilidad de las actividades de las
Oficinas, manifiesta que éstas funcionan mal y sugiere la adopción de una serie
de medidas, aprovechando la decisión adoptada hace años de que en 2006 todas
las Oficinas se instalen en una sola localidad, Montreuil-Sous-Bois, lo que podría
reducir hasta en un 30% el número total de empleados, y aprovechando, sobre
todo, la reforma de la PAC, que convertirá en gran medida las ayudas para las
diferentes producciones en un pago único por explotación.
El informe del diputado Martin, que ha sido asumido por el diputado ponente en la
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del capítulo de agricultura de la
Ley de Presupuestos 2004, sugiere tres escenarios alternativos a la situación
presente, aunque corresponde al Gobierno adoptar la decisión procedente. Los
tres escenarios son:
– Constitución de un organismo pagador de las ayudas comunitarias a las
explotaciones y reorganización por polos de las otras misiones de las
Oficinas actuales, de acuerdo con un criterio de similitud entre ellas.
– Reagrupamiento de las Oficinas por polos (FIRS, ONIC y ONIOL constituirían
el polo “grandes cultivos”, OFIVAL y ONILAIT el polo “ganadería”, ONIVINS y
ONIFLHOR el polo “producciones especializadas”).
– Creación de una Oficina única para el conjunto de las ayudas comunitarias,
separando totalmente las funciones de organismo pagador de las de
organismo de sector.
El diputado ponente se declara partidario de la primera opción, que se adapta
mejor a la idea de la desvinculación total o parcial de las ayudas y acercaría el
modelo francés al dominante en Europa, frente a la segunda, que no se adaptaría
a la pérdida de fuerza de la lógica sectorial de la PAC
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