Ahora más que nunca
Artículo opinión de José María Fresneda Fresneda
Secretario General de ASAJA de Castilla-La Mancha
Los augurios han sido ciertos y la liberalización del comercio internacional está más cerca. Después del fracaso de las negociaciones de Cancún, en noviembre de 2003, los ciento cuarenta y siete países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) llegaron el pasado fin de semana a un acuerdo encaminado a reducir las ayudas internas y eliminar las subvenciones a la exportación en los países más ricos, así como limitar las barreras arancelarias en un fecha por determinar.
La reactivación del comercio puede ser una realidad en breve. La competitividad va en aras de adquirir su máxima expresión y los agricultores deberán demostrar su capacidad de adaptarse al libre mercado o muchos de ellos se quedarán en el camino.
Como contrapartida se va a permitir designar un número determinado de productos sensibles que tanto los países ricos como los pobres podrán seguir protegiendo con aranceles más elevados que la media.
Es evidente que para llegar a este acuerdo ha sido necesario que determinados bloques comerciales suavizaran sus posiciones más radicales y que otros hayan aceptado reducir sustancialmente ciertas ayudas que, a juicio de este organismo internacional, eran causantes de la distorsión del mercado. Aún así muchos temas se han dejado para más adelante, como la negociación de las fórmulas concretas para lograr la mayor apertura posible de los mercados agrícolas.
Hasta entonces sería importante potenciar mecanismos de salvaguardia especial y prorrogar la denominada cláusula de paz, que finalizó el 31 de diciembre de 2003, y por la que ninguno de los miembros podría reclamar ante la Organización Mundial del Comercio por cualquier subsidio agrícola de sus socios, siembre que no hubiese exceso.
Resulta inadmisible la pretensión de algunos países de acabar con ayudas que son absolutamente necesarias para la supervivencia de la agricultura europea. Me refiero a la caja azul (ayudas que son pagos vinculados a la superficie o al número de animales y además vinculados a cuotas máximas de producción o a una serie de requisitos a cumplir por parte de los agricultores) y a la caja verde (ayudas que no distorsionan el mercado).
España debe abanderar la lucha para conseguir, por una parte, el mantenimiento de estas ayudas internas que desempeñan un papel fundamental para lograr los objetivos de la agricultura multifuncional y, por otra, el reconocimiento de las denominaciones de origen que no han sido incluido.
El trabajo no ha hecho más que comenzar y España tiene muchos deberes que cumplir en los próximos años, adelantándose a los futuros compromisos que se alcanzarán en la próxima reunión ministerial de la OMC, fijada para diciembre de 2005 en Hong Kong.
En primer lugar, debe hacer prevalecer la situación específica, las características y los requisitos de aquellas producciones que, en el caso de Castilla-La Mancha, presentan ciertas singularidades. Los bajos rendimientos de producciones de secano como los cultivos herbáceos, que en algunas comarcas, no superan los 1.200 kilogramos por hectárea- junto al marcado carácter de desarrollo rural de la mayor parte de los cultivos de la región, entre los que se encuentran los cultivos sociales, el olivar y la vid determina que un gran número de productos agrarios de esta región puedan ser considerados sensibles y, por tanto, deben tener un trato especial y diferenciado en materia de reducciones arancelarias y ampliación de contingentes arancelarios.
En segundo lugar, debe desarrollarse una política agraria nacional adecuada para responder a las exigencias que se generarán tras las nueva apertura del comercio. Resultan imprescindibles, por tanto, estructuras adecuadas desde la producción a los procesos de comercialización y transformación.
En España, y por ende, en Castilla-La Mancha, en la mayor parte de los casos, la respuesta a estos retos se ha hecho desde el esfuerzo de los propios agricultores y ganaderos, pero ahora más que nunca se necesitan estructuras de producción eficientes que permitan afrontar con éxitos los avatares de la nueva liberalización del mercado y la apertura progresiva de sus fronteras.
Desde esta Organización se relanza la reivindicación del uso del agua en la agricultura como medida para alcanzar niveles óptimos de competitividad en el mercado mundial.
Se ha demostrado que uno de los principales factores de estrangulamiento de la agricultura castellano-manchego es la limitación de agua, lo que influye en la poca diversificación de cultivos, así como en la baja e irregular productividad.
Si avanzamos hacia el camino de la liberalización debemos tener presente la mayor diversificación de cultivos que permite la disponibilidad del agua así como el papel estabilizador de las producciones que ejerce el regadío en una comunidad autónoma de gran irregularidad climática como Castilla-La Mancha.
Las producciones hacia las que han de orientarse los regadíos serán aquellas que posean un valor mayor añadido, con mayor generación de mano de obra y cuyas perspectivas sean las más favorables de cara a los potenciales escenarios del comercio mundial.
Hay razones más que suficientes para dar una solución a las necesidades hídricas de esta región, sobre todo después del esfuerzo que durante más de veinticinco años han realizado los agricultores castellano-manchegos para modernizar sus regadíos de cara a lograr un ahorro de agua y obtener la máxima rentabilidad posible. Es hora de que el agua que nace y pasa por Castilla-La Mancha se quede en nuestra tierra.
La combinación de un trato especial y diferenciado a los productos sensibles y el desarrollo de una política nacional de mejora de las estructuras de la producción y la comercialización harán posible que el sector agrario vuelva a afrontar con garantías de éxito la nueva política impuesta desde las más altas esferas del comercio mundial.
Editorial