Así se recoge en las conclusiones de las mesas de trabajo de las I Jornadas sobre Legislación en Materia de Caza que, organizadas por la Asociación de Propietarios Rurais e Productores de Caza (APROCA), se clausuraron en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.
En materia de responsabilidad civil, los ponentes reclamaron que la Administración fije unos criterios objetivos que sirvan para determinar las indemnizaciones en forma similar a lo establecido en las lesiones por accidentes de tráfico. Entre las propuestas de los participantes en las jornadas –magistrados, fiscales, abogados y cazadores- figuran que se le impute la responsabilidad al conductor del vehículo excepto en los casos en que las vías están en mal estado o mal señalizadas, cuando el accidente sea consecuencia de una acción directa de caza o en los supuestos en que exista incumplimiento de los planes de gestión responsabilidad de la sociedad de caza correspondiente.
Además, el sector considera que la Administración debe recomendar que los agricultores afectados por especies cinegéticas comuniquen en el plazo más breve posible, y nunca más allá de 72 horas, las existencia del daño, de forma que se evite una situación de indefensión para el titular del coto.
Otra de las reclamaciones recogidas en las conclusiones expuestas en la jornada de clausura de hoy sábado se refiere a que la Ley de Caza Gallega se adapte plenamente a la reciente reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, en lo relativo a los accidentes provocados por atropellos de animales, y que su aprobación se produzca a la mayor brevedad posible para su aplicación por los juzgados y tribunales.
Las pólizas de seguros
Por otra parte, los participantes en las jornadas consideran que la existencia de un seguro financiado por los cazadores que cubra las responsabilidades por accidentes en carreteras no es la solución, “ya que implicaría un reconocimiento de culpabilidad”. En el caso de que se quisiera imponer este seguro, debería ser la Administración la tomadora del mismo, y nunca los cazadores o titulares de Tecores (Terrenos Cinegéticamente ordenados).
En todo caso, los ponentes apuntaron que tal vez se podría plantear la contratación de un seguro colectivo que cubriera los daños a la agricultura. Este seguro debería ser financiado fundamentalmente por la Administración y, en menor medida, por los cazadores, o tal vez incluso por los propios agricultores.
Respecto a la legislación de caza propiamente dicha, los ponentes reclamaron que las leyes exijan a los propietarios algún tipo de protección ya que, en caso contrario, la estructura de caza gallega desaparecería y no habría quien ejerciera control alguno sobre la población de determinadas especies como el jabalí.
Finalmente, los cazadores quisieron dejar claro que son ellos quienes controlan las poblaciones cinegéticas y contribuyen al desarrollo sostenible, pagando además por ello. De este modo, la caza y los cazadores no son el problema, sino parte fundamental de la solución.
Tras ocho años de funcionamiento, APROCA-Galicia, organizadora de las jornadas, es la primera organización más representativa del sector, tras integrarse en organizaciones nacionales e internacionales como la ELO (European Land Owners), APROCA-España y la Oficina Nacional de Caza. APROCA cuenta con 145 sociedades de caza que aglutinan a 22.750 cazadores y que controla una extensión de 873.119 hectáreas de terrenos cinegéticos.
APROCA