La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) paralizará hoy jueves 10 de enero la actividad de los mataderos más representativos de las principales zonas de producción de las Comunidades Autónomas, por la actitud impresentable de las industrias cárnicas que están cobrando a los ganaderos una nueva tasa para financiar la retirada de los MER (materiales específicos de riesgo) y la destrucción de las harinas cárnicas. El nuevo coste para los ganaderos impuesto por los mataderos es de 11 € por cabeza de vacuno, 3 € por cabeza de porcino y 0,25 € por cabeza de ovino, lo que supondrá un coste anual para el sector de 240 millones de €.
Durante todo el año 2001 el MAPA estuvo subvencionando mediante ayudas directas a las fábricas de harinas y a las cementeras para la posterior destrucción de las harinas cárnicas animales de modo que toda la cadena pudiera seguir el proceso habitual. De este modo se siguieron fabricando harinas cárnicas que eran incineradas o bien almacenadas para su posterior destrucción. El problema surge como consecuencia de que el Gobierno ha decidido retirar de los presupuestos generales del Estado cualquier tipo de subvención en relación con este tema. La reacción de la industria cárnica ante esta situación no se ha hecho esperar: repercutir el coste de la retirada y destrucción de las harinas a los ganaderos.
UPA acusa al Ministerio de ser responsable de esta situación porque ha sido incapaz de aprobar una norma que cubra el vacío legal existente dejando indefensos a los ganaderos y permitiendo a los mataderos que actúen como especuladores y tomen a los ganaderos como rehenes para presionar al Gobierno.
UPA estima que la retirada y destrucción de las harinas de carne y hueso, en tanto su relación directa con la EEB, es un problema de Salud Pública y debe ser financiado con dinero público. Sería el primer problema sobre Sanidad Humana en el que se pretende corresponsabilizar al sector ganadero. Desde UPA entendemos que el Acuerdo Marco propuesto por el Ministerio de Agricultura trata exclusivamente de hacer responsables a los distintos segmentos de la cadena cárnica de una crisis que no tiene respuesta presupuestaria por parte del Estado.
Además, UPA considera imprescindible que la Administración General del Estado financie tambien la retirada de MER en mataderos y salas de despiece y la retirada de los cadáveres de la explotación, cuestiones que está pagando total o parcialmente el ganadero. Es inadmisible que el cumplimiento de las normativas europeas en materia de EEB, aspectos fundamentales para impedir el consumo de materiales contaminados que propaguen la enfermedad en humanos, tengan que ser financiados en gran parte por los ganaderos.
El MAPA ante las presiones realizadas está empezando a hablar del establecimiento de una partida relativa a harinas cárnicas en las facturas de modo que la repercusión al consumidor sea posible. A día de hoy es seguro que no va a haber presupuesto público para financiar harinas y MER ya que no aparece en los presupuestos previstos para el 2002. Ante esta evidencia constatada, si bien UPA entiende que debe ser la Administración General del Estado la que corra con esos gastos por tratarse de un problema de Salud Pública, nuestra organización se muestra receptiva a otras formas que no supongan repercusión alguna a los productores. Desde este punto de vista, la propuesta realizada sólo será bien recibida si existe una obligatoriedad normativa.
UPA considera además que la financiación de los MER retirados en mataderos y salas de despiece debe ser una norma paralela a la de harinas de carne y hueso (HCH) y puesta en marcha de manera simultánea.
UPA