En respuesta a una pregunta parlamentaria Villanueva dio a conocer la postura oficial del Ejecutivo castellano-leonés sobre Garoña, que apuesta por el funcionamiento de esta central incluso más allá del año 2009, fecha en la que expira su actual permiso de explotación.
En su respuesta parlamentaria, Villanueva avaló el papel de Castilla y León como gran productor de energía eléctrica y argumentó la conveniencia del mantener Garoña operativa para hacer frente a las crecientes necesidades del sistema eléctrico, y compensar otras fuentes que puedan rebajar su producción en el futuro, como las hidroeléctricas y el carbón.
Para Greenpeace, la Junta de Castilla y León cierra los ojos ante los problemas de seguridad de Garoña y justifica su postura a favor de Garoña con argumentos energéticos que no se ajustan a la realidad, ya que la producción eléctrica media de los parques eólicos instalados en esta Comunidad compensa sobradamente la aportación de Garoña, lo que evidencia que se puede prescindir sin problema de esta central nuclear.
«La aportación eléctrica de Garoña es prescindible y está compensada por la producción en régimen especial de las energías renovables y la cogeneración y lo será aún más en breve plazo dado el crecimiento asegurado de la energía eólica en la Comunidad Autónoma»-ha declarado Carlos Bravo, responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace
«Todo ello sin contar con el importante potencial aún muy poco aprovechado de otras energías renovables como la biomasa y la solar y del ahorro y la eficiencia energética. Por todo ello, creemos que la Junta de Castilla y León debería apoyar el cierre inmediato y definitivo de Garoña «-añadió Bravo.
El aumento de la potencia en régimen especial (energías renovables y cogeneración) absorberá sin problema la falta de aportación de Garoña, en el caso de su cierre. Incluso considerando sólo la situación en Castilla y León. Los 466 MW de Garoña están ya compensados con los 1.192 MW de potencia instalada en régimen especial que había a finales de 2002. Y se hace más evidente, en concreto, teniendo en cuenta el incremento previsto de la potencia eólica en Castilla y León.
Según datos del Ente Regional de la Energía (EREN) de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, a 30 de noviembre de 2003, había 867 MW de potencia eólica instalada en Castilla y León (51 parques distintos), estando en construcción 26 parques, que aportarán en breve 608,25 MW más. Y otros 28 parques, con cerca de 720 MW, tenían autorización administrativa para empezar las obras. El total suma casi 2.200 MW, cuya producción media compensará con creces la que procedería de Garoña. Además, el compromiso de la Junta de Castilla y León para esta legislatura es de la instalación de otros 2.000 MW eólicos nuevos.
Según se desprende de los datos de Red Eléctrica de España (REE), en España existe un exceso de potencia eléctrica instalada, incluso considerando un margen de seguridad aceptable. A 31 de diciembre de 2003 había instalado un total de 59.866 MW de potencia en todo tipo de centrales en el Sistema Peninsular, sin contar Baleares y Canarias, que son sistemas eléctricos independientes. Sin embargo, en el momento de mayor consumo histórico, el 18 de febrero de 2003, de 19h a 20h, la potencia eléctrica que fue necesario poner en marcha ascendió a 37.212 MW. Es decir, existe un excedente de al menos 22.654 MW (mayor que el del año anterior), cifra que supera con mucho los 7.816 MW instalados en centrales nucleares y, en particular, los 466 MW de Garoña (cuya contribución al suministro de energía eléctrica es marginal, cerca del 2% para el conjunto del Estado español).
Con respecto a las cuestiones de seguridad, es innegable que la central nuclear de Garoña sufre serios problemas, como el grave problema de agrietamiento de diversos componentes internos de la vasija del reactor, tal y como se refleja en los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Los nuevos datos disponibles refuerzan la evidencia de la degradación de su seguridad y el agotamiento de la vida útil de Garoña.
Así, en un informe del pasado mes de mayo que recoge los resultados de las inspecciones realizadas durante la parada de recarga de combustible de 2003, el CSN reconoce que se han detectado en Garoña «nuevos defectos [grietas] localizados en zonas diferentes a las consideradas usuales» en los tubos (llamados penetraciones) que atraviesan la vasija del reactor y a través de los cuales deben introducirse al interior de la vasija las barras de control (cuya importantísima función es la de parar la reacción nuclear que tiene lugar en el núcleo de uranio).
Además, en las penetraciones agrietadas examinadas en la última inspección, el CSN ha comprobado que el problema había seguido empeorando «siguiendo tendencias anteriores». Y, como han reconocido los responsables del CSN recientemente ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, este problema va a seguir empeorando inexorablemente.
Por otro lado, es preocupante la posible relación entre la incidencia negativa en la salud pública en el entorno de Garoña y la actividad de esta central nuclear. Así, los estudios realizados por la Unidad de Epidemiología del Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III indican la existencia de tasas más alta de cáncer de estómago y de pulmón en los habitantes de las localidades del entorno de la central nuclear de Garoña. Los estudios concluyen que estos incrementos están ligados a la proximidad a esta instalación, y que se produjeron en el periodo posterior al inicio de actividad de la central nuclear, tras comparar con la situación anterior a su entrada en funcionamiento.
En ese sentido, Greenpeace considera que la Junta de Castilla y León debe promover la realización de un estudio epidemiológico independiente que investigue en profundidad estos hechos, los cuales son exponentes de los peligros ambientales y sanitarios a los que puede estar viéndose sometida la población del entorno de esta instalación nuclear.
Greenpeace