Greenpeace ha enviado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra una denuncia contra la Xunta de Galicia en relación al mal trato dado a las casi 500 aves petroleadas que fueron recogidas los días 3 y 4 de abril en la costa sur de Galicia, entre A Guarda y Corrubedo.
La actuación de la Xunta de Galicia, a través de su Dirección General de Conservación de la Naturaleza y la Subdirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad ha sido negligente, poniendo en peligro la supervivencia de las aves ingresadas en sus Centros de Recuperación.
Para Greenpeace, estos hechos pueden ser presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado en el artículo 334 del Código Penal, ya que la Xunta de Galicia ha contravenido las disposiciones protectoras de las especies de fauna silvestre. La ley 4/89 de Conservación de los espacios naturales, la flora y la fauna silvestre obliga a la Xunta a asumir el cuidado de las aves silvestres que se encuentren heridas o enfermas, y en este caso debía haber aplicado el protocolo establecido para el tratamiento de aves petroleadas.
«El derecho al medio ambiente también lo es para la fauna amenazada» ha declarado José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace.
Las aves afectadas por el vertido de un barco frente a las costas de Galicia correspondían a diferentes especies marinas, como el Arao Común (Uria aalge), el Alca Común (Alca torda), el Frailecillo Atlántico (Fratercula arctica), y el Alcatraz Atlántico (Morus bassanus). Todas ellas se vieron gravemente afectadas por el vertido del Prestige, siendo el Arao Común el ave que más ingresos registró (el 51% de todas las aves recogidas). Esta especie está catalogada como «en peligro crítico» por haber sufrido una disminución drástica a los últimos años. A pesar de la delicada situación del Arao Común, la Xunta de Galicia no ha puesto los medios necesarios para recuperar a los ejemplares que ingresaron petroleados en sus Centros de Recuperación, condenándolos a una muerte casi segura.
La mayoría de la aves ingresaron en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorrendondo (Pontevedra), pero la Xunta se negó a que fueran tratadas allí y las trasladó hacinadas en cajas a los centros de Coruña y Lugo, donde carecen de los medios necesarios para aplicar el complejo protocolo de limpieza necesario para garantizar su supervivencia. Además, con el traslado perdieron la mejor oportunidad de supervivencia de las aves, que reside en la rapidez en aplicar el tratamiento.
El asunto es doblemente grave, ya que, tras el accidente del Prestige, el Centro de Pontevedra es posiblemente el único centro de toda la península que cuenta con el material, personal y experiencia necesarios para el tratamiento de aves petroleadas. Sin embargo, todo el material para tratar aves petroleadas ha permanecido guardado y sin utilizar por órdenes expresas de la Subdirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Xunta de Galicia.
«A raiz de la catástrofe del Prestige, la Xunta de Galicia se comprometió a tener las instalaciones necesarias para tratar aves petroleadas, pero ha incumplido su deber, y el resultado se traduce en la muerte innecesaria de aves. La Ley y el Código Penal obligan a la Xunta a tratar adecuadamente a las especies de fauna silvestre, y ahora debe enfrentarse al incumplimiento de la misma», ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.
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