Hay evidencias de los mercados que muestran que los Estados miembros fueron muy generosos con las asignaciones de derechos de emisión a sus industrias en el primer Plan Nacional de Asignación (PNA) para el periodo 2005-2007. Los números muestran que las emisiones otorgadas a las industrias españolas, excepto a la de generación eléctrica, fueron, en el 2005, superiores a sus emisiones de CO2. En el caso de las eléctricas, las emisiones reales superaron los derechos conseguidos a causa de la sequía, como consecuencia del cambio climático, y las paradas nucleares, por motivos de seguridad. Dos problemas que se agravarán en el futuro de continuar con esta política permisiva. La Comisión Europea y los países miembros deben asegurar que el total de los derechos de emisión disponibles se reduzcan significativamente para el periodo 2008-2012.
«Los Gobiernos europeos han ignorado descaradamente el propósito que persigue el comercio de emisiones, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y abusan del sistema de comercio bajo la presión de la industria sucia», dijo Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace. Los datos de emisión han mostrando que las compañías han obtenido derechos de emisión excesivamente generosos. Esto es la causa del descenso del precio del carbono y la distorsión del mercado. Esto también reduce la credibilidad del Régimen de Comercio de Emisiones Europeo.
«El mercado sólo será útil y creará incentivos para las industrias más limpias si la cantidad de los derechos asignados se establece en un nivel que asegure el cumplimiento de los objetivos de Kioto, permitiendo a Europa, y a España, a cumplir con sus obligaciones internacionales», añadió Montón.
Greenpeace reclama al Gobierno español que sea mucho más duro con los sectores contaminantes. La principal herramienta para lograrlo ha de ser el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (PNA) de derechos de emisión, que se debe presentar a la Comisión Europea antes del 30 de junio. La principal propuesta de Greenpeace para el nuevo PNA es que el total de derechos asignados a los sectores industriales no puede, en ningún caso, ser superior en un 15% de sus emisiones de 1990.
Además, se debe ser especialmente restrictivo en la asignación al sector eléctrico, que es el que tiene más posibilidades de reducir emisiones a través de renovables y eficiencia energética, para dar mayor margen a los sectores «difusos» (transporte, vivienda…) donde será más difícil restringir las emisiones. Este Plan debería utilizar un máximo del 10% de estos derechos de emisión en sistema de subasta, que es lo que permite la ley, y crear un claro vínculo entre asignaciones y producción más limpia. La Comisión Europea debe rechazar todos los PNA que no planteen límites ambiciosos de reducción
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