El comercio de emisiones puede ser muy eficaz para reducir las emisiones, porque permite que las empresas internalicen en los costes de sus productos el daño que producen emitiendo CO2. Pero para que el sistema funcione es imprescindible que exista un límite total de emisiones infranqueable para esos sectores: en el caso de España, ese límite que establece Kioto es el de 1990 más un 15%. También es fundamental que no se subvencione la compra de derechos de emisión con fondos públicos, porque permitiría a las empresas escaparse sin hacer nada.
«El Plan de Asignación es la herramienta clave para el cumplimiento de Kioto» -ha declarado José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Nacional del Clima- «Su elaboración debe ser transparente y participativa, y su contenido debe garantizar que las empresas causantes de las emisiones de CO2 inviertan en reducir la contaminación. Quien no esté dispuesto a hacerlo, tendrá que pagar por contaminar».
El Plan de Asignación deberá indicar además qué va hacer España en todos los demás sectores, como el transporte, no incluidos en el comercio de emisiones, para cumplir con el límite de Kioto. Por eso, si a las industrias se les asignan más derechos de los que proporcionalmente les corresponderían, esos derechos se les estarían quitando al resto del país, lo que haría más costoso y difícil el cumplimiento. «No se puede permitir que los ciudadanos tengamos que pagar lo que la industria no ha querido hacer. Quien eligió beneficios a corto plazo en ver de reducir emisiones, no puede ahora pedir la caridad del consumidor o del Estado» -añadió José Luis García Ortega.
Para Greenpeace, los elementos fundamentales que debe contemplar el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión son:
1. El total de derechos asignados a los sectores afectados por la directiva no puede, en ningún caso, ser superior a sus emisiones en 1990 incrementadas un máximo del 15%.
2. El sistema para asignar los derechos debería ser el de subasta, hasta el máximo que permite la Directiva. El resto debería asignarse a razón de una cuota fija de derechos de emisión por unidad de producción. En el caso del sector de generación eléctrica (el que más CO2 emite), las asignaciones deberían hacerse sobre la base de las emisiones promedio por kWh y no por volumen de CO2 generado, pues en este caso se favorecería el uso del carbón, el combustible fósil más contaminante.
3. La acumulación de derechos de emisión no se debería permitir entre la fase piloto (2005-2007) y el primer periodo de cumplimiento de Kioto (2008-2012).
4. El Estado debería incluir dentro del Plan una reserva de derechos de emisión para ser asignados a nuevas instalaciones por el procedimiento de subasta. Las nuevas instalaciones que no consigan derechos por este procedimiento deberán comprar en el mercado los derechos para cubrir sus emisiones.
5. A las instalaciones que cierren, se les debería permitir guardar sus derechos de emisión hasta el final del período y así poder venderlos a otras instalaciones o transferirlos a una nueva instalación del mismo titular. Sin embargo una vez cerradas no deberán recibir nuevos derechos de emisión en los períodos siguientes. Es muy importante evitar que se concedan derechos a la instalación nueva si ya le son transferidos los de la que va a cerrarse, y que a las plantas que estén planificando el cierre no se les asignen derechos de emisión excesivos.
6. El Estado debería reservarse sin asignar una cierta cantidad de los derechos, para tener cierto margen y poder venderlos en caso de necesidad a quienes sobrepasen los límites asignados.
La reunión del pasado viernes surge tras la denuncia de Greenpeace de que el Plan estaba siendo negociado en secreto entre Economía y las patronales empresariales. La transparencia y la participación pública son una exigencia de la Directiva europea de comercio de emisiones.
La Directiva obliga al Gobierno a preparar antes de fin de marzo un plan de asignación de emisiones en el que se especifiquen las cuotas para cada sector y las demás medidas que pondrá en marcha el Gobierno para asegurar que España cumple el límite de Kioto.
Greenpeace