Greenpeace ha consultado las hemerotecas para constatar que la peor ola incendiaria de la historia reciente del Estado español tiene antecendentes. Galicia sufre una cada 5 o 6 años. Este carácter recurrente debería suponer también una herramienta para poner en marcha mecanismos efectivos de prevención.
1989: En los 8.243 incendios declarados en Galicia ardieron 205.392 hectáreas (93.116 ha eran arboladas). Se estimaron unas pérdidas de 15.000 millones de pesetas. Fueron detenidos 30 incendiarios, pero no se llevó a cabo ninguna investigación. En los medios de comunicación se acuño el término «terrorismo incendiario».
1995: En el mes de abril, entre el jueves y sábado santo, Galicia se vió afectada en sólo tres días por unos 600 incendios forestales, con un saldo de 2.000 hectáreas quemadas. Fueron detenidos cuatro incendiarios. Fraga afirmó: «Lo que no se puede evitar es que haya algún terrorista, unos políticos y otros medioambientalistas, que aprovechen estas circunstancias».
Ese mismo año, entre el 25 y el 30 de agosto, se registraron más de un millar de siniestros. El 26 de agosto se contabilizaron 280 focos diferentes. El 29 de agosto, en los alrededores de Pontevedra, ardían los montes del Salgueiral, Tenorio, Pontesampaio, Vilar, Marón, Xeve y Castelo en 20 puntos diferentes. El fuego también afectaba a la comarca de Santiago, O Morrazo (con incendios en cinco municipios), el Parque Natural de Corrubedo o Vimianzo y las llamas rodearon O Courel. El 30 de agosto, 350 incendios mantenían en vilo a los servicios de extinción de Galicia, donde luchaban 4.000 personas. El suministro de energía de Pontevedra quedó cortado durante varias horas, con cortes en carreteras y líneas telefónicas. Fueron desalojadas viviendas en A Coruña y ardieron casas en el Concello de A Merca. El balance, una vez terminada la ola incendiara, fue de 4.289 focos de fuego y de 49 detenciones. Ese año ardieron 46.669 ha.
La Xunta calificó de «terrorismo incendiario» la profusión de fuegos en Galicia. El fiscal jefe de Galicia afirmó que «bandas organizadas de incendiarios han convertido Galicia en una inmensa hoguera».
2000: Las intensas lluvias de julio retardaron ese año la ola incendiaria. Las condiciones metereológicas óptimas se produjeron en la primera quincena de septiembre. Las províncias de Lugo y Orense fueron las más afectadas. Diez aldeas de Lugo tuvieron que ser desalojadas el 17 de septiembre por un incendio en Navia de Suarna (Lugo). Galicia vivió la peor plaga de incendios desde 1995, el fuego había arrasado hasta septiembre 30.000 hectáreas. Al final del año habían ardido 45.952 ha.
Los incendios fueron especialmente intensos en los alrededores de Ourense. A principios de agosto el fuego quemaba montes de Santa Cruz de Arrabaldo, Quintela, Reza, Velle y Os Peares. El Delegado Provincial calificó este fenómeno de «incendios de escaparate» y de estar «planificados por el mismo cerebro».
«En septiembre de 2000 los responsables de la Consellería de Medio Ambiente señalaron al BNG y a la CIG como los «beneficiarios del fuego» por «intentar rentabilizar politicamente las consecuencias que tuvo la insistente acción incendiaria».
Es un clásico atribuir los episodios de olas incendiarias a la presunta rentabilidad política. Se han acuñado términos como “gente dispuesta a quemar Galicia», «nuevo terrorismo forestal» «nueva tipología de incendiarios», «organizaciones incendiarias», «incendiarios organizados», «organizaciones que intentan rentabilizar políticamente los incendios», «trama organizada», «incendiarios de escaparate». Un antiguo informe del ICONA del 93 determinó que diez de los fuegos que se produjeron en Galicia durante el verano estuvieron provocados por «grupos políticos para crear malestar social o como forma de protesta».
«Resultaría peligroso creer la teoría de que las olas incendiaria buscan desgastar al Gobierno de turno. Si en el año 2000 la sospecha recaía sobre los partidos en la oposición, ¿sobre quién debe recaer ahora la sospecha?», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la camapaña de bosques de Greenpeace.
«Resulta cada vez más claro que la política forestal y la política antiincendios sólo puede abordarse desde el consenso y un pacto político similar a otros que han dado paz y estabilidad a otros asuntos de la vida política» ha señalado Soto. «Es necesario que nadie pueda pensar que el fuego puede desgastar a ningún gobierno o alcalde. Es vital que todas las energías para poder afrontar las verdaderas prioridades de la lucha contra incendios».
Greenpeace