La organización ecologista Greenpeace ha demandado a la Comisión de Medio Ambiente del Senado la paralización del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que se encuentra en su última fase de tramitación en la Mesa del Senado.
A través de una carta dirigida a los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, Greenpeace ha vuelto a instar al Senado a que paralice la tramitación de un PHN que, según los ecologistas, necesita una profunda revisión.
«Este Plan no tiene en cuenta factores que afectan y afectarán directamente a la gestión del agua en un futuro no muy lejano, como es el Cambio Climático, o los usos de este recurso. Por ejemplo, se pretende aprobar el Plan Hidrológico sin que previamente se haya aprobado un Plan Nacional de Regadíos, que debe determinar el uso de la mayor parte del agua en nuestro país. Por otro lado, no se ha llevado a cabo una Evaluación Estratégica Ambiental previa que caracterice los impactos de un Plan de tales dimensiones y, sin embargo, el Plan se ha aprobado en el Congreso de los Diputados», denuncia Eva Hernández, responsable de la campaña de Hábitats de Greenpeace España.
Para Greenpeace, además, este Plan, basado en la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, no solucionará el problema del agua en España, adoleciendo además de medidas de ahorro y prevención de la contaminación, en detrimento del medio ambiente y de las poblaciones afectadas por tales proyectos.
«En un tiempo récord de tramitación del PHN, el modelo hidráulico que quiere seguir imponiéndose no ha tenido ni suficiente debate social, ni consenso científico. Y es el mismo que cada año desplaza en el mundo a cuatro millones de personas en los países donde, como en India, China o, desgraciadamente el nuestro, los gobiernos promueven la construcción de presas y trasvases, pese a que la historia se ha encargado de demostrar que el binomio ‘presa o trasvase igual a agua’ no es cierto», declara Hernández.
Para Greenpeace, el único modelo que puede asegurar el abastecimiento de agua es el de la gestión de la demanda, basada en el ahorro y el uso eficiente de este recurso, algo que, según los ecologistas, es antagónico con la política de presas y trasvases que se vertebra en el Plan Hidrológico Nacional.
Fin del comunicado
Notas:
Greenpeace pone a su disposición el documento «Diez Razones para pedir la paralización de la tramitación de este Plan Hidrológico Nacional».
Según la Comisión Mundial de Presas, existen unas 800.000 presas y embalses en el planeta. Se estima que a causa de la construcción de nuevas presas y embalses, cada año cuatro millones de personas son desplazadas de sus tierras en el mundo. Sin embargo, y pese a que este modelo de gestión hídrica es el que impera en el mundo, la mitad de la población mundial carece de servicios sanitarios básicos. (World´s Water 1998-1999 Biennial Report of Freshwater Resources. WCD. 1999)
España cuenta con unos 1.200 embalses construidos.
Los cambios en el Clima a causa del efecto invernadero durante el próximo siglo modificarán los rangos de evaporación, así como las precipitaciones en todo el planeta. El Plan Hidrológico Nacional no tiene en cuenta el fundamental factor climático en sus cálculos ni previsiones a corto, medio y largo plazo.
16 de mayo de 2001
Ante la firma por el Gobierno español del Convenio internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el próximo 23 de mayo en Estocolmo (Suecia)
ORGANIZACIONES SOCIALES DEMANDAN UN COMPROMISO FIRME EN LA ELIMINACIÓN DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
El próximo miércoles 23 de mayo se firmará oficialmente en Estocolmo el Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este convenio, resultado de tres años de negociaciones internacionales, será también suscrito el Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en representación del Gobierno español.
Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son productos y subproductos de la actividad industrial humana que se definen por su volatilidad, su gran estabilidad química y su capacidad para acumularse en los tejidos grasos de los organismos vivos. Liberados al medio ambiente pueden viajar a través del aire y el agua hacia regiones muy distantes de su fuente original. De hecho, las concentraciones más elevadas se han detectado en los polos, a miles de kilómetros de distancia de sus focos de emisión, donde afectan de manera especial tanto a las aves y mamíferos marinos como a las poblaciones indígenas.
La característica esencial de los COPs es su alto riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. En concentraciones extraordinariamente bajas, son capaces de inducir trastornos hormonales, nerviosos, inmunológicos y reproductivos, así como cánceres y tumores de múltiples tipos. El daño que causan no se expresa en la población adulta expuesta a ellos, sino en la generación siguiente: los COPs presentes en el cuerpo de la madre son transferidos a través de la placenta al feto en desarrollo y a través de la leche materna al lactante, provocando daños en etapas vulnerables del desarrollo que pueden expresarse cuando el niño alcanza la pubertad o la edad adulta.
Entre las familias de COPs más perniciosos, se encuentran varios plaguicidas clorados, como el DDT, aceites industriales como los PCBs, y residuos no deseados como las dioxinas. Estas últimas, procedentes de la quema de compuestos que contengan cloro, son el grupo de sustancias más tóxicas que se conocen: un gramo convenientemente dosificado podría causar la muerte a más de un millón de personas. El Convenio de Estocolmo persigue la eliminación total de 12 de estas sustancias («la docena sucia»). Para ello, se acuerdan una serie de medidas dirigidas a la sustitución de los productos y procesos que las generan, así como un procedimiento de identificación de nuevos COPs.
En España, la generación de COPs alcanzó en 1996 una cantidad de 155 gramos de dioxinas y furanos, y 6.065 kilogramos de hexaclorobenceno, en su mayoría procedentes de instalaciones de combustión como centrales térmicas, fundiciones, cementeras o incineradoras de residuos donde se hayan quemado aceites, disolventes, plásticos, etc. que contengan cloro. Por otro lado, el Gobierno ha estimado recientemente en 210.000 toneladas el volumen de aceites y aparatos contaminados con PCBs que aún existen en nuestro país. Los planes gubernamentales amenazan con incrementar en los próximos años las emisiones de algunos de estos COPs, especialmente dioxinas y furanos, como consecuencia del impulso que se pretende dar a la incineración de residuos y la falta de medidas para sustituir las distintas aplicaciones comerciales de la industria química del cloro, principal responsable del problema.
En este contexto, las organizaciones abajo firmantes, coincidimos en apoyar el Convenio de Estocolmo como un instrumento imprescindible para avanzar en un futuro sin contaminantes orgánicos persistentes. Tras la firma, pedimos al Gobierno español una rápida ratificación, que asegure su aplicación en el plazo de tiempo más breve posible. Asimismo, demandamos la ampliación de la «docena sucia» a todas aquellas sustancias orgánicas sospechosas de producir efectos sobre la salud y el medio ambiente similares a los mencionados, sin necesidad de que éstos sean probados, en aplicación del principio de precaución que se reconoce en el propio Convenio. Finalmente, animamos al Gobierno español a poner en marcha políticas que eliminen paulatinamente en nuestro país la generación de COPs, tanto en sus precursores como en las fuentes de emisión.
Organizaciones firmantes:
Amigos de la Tierra España – Comisiones Obreras – Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) – Ecologistas en Acción – Greenpeace España
MAPA