Greenpeace ha presentado un Análisis de la propuesa del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA) 2008-2012 elaborada por Fraunhofer ISI (Institute Systems and Innovation Research), junto con las alegaciones al citado Plan.
El borrador del Plan Nacional permite que España emita 100 millones de toneladas de CO2 equivalente (Mt)[1] más de las permitidas en Kioto. El PNA plantea para contrarrestar este déficit de derechos reducir 37 Mt en los sectores difusos, 5,8 Mt por sumideros, 32 Mt utilizando los mecanismos de flexibilidad para los sectores difusos y sólo 26 Mt se quedarían a cargo de los sectores industriales, aunque representan el 45% del total de las emisiones.
“¿Por qué el Gobierno regala a las eléctricas derechos de emisión que luego éstas nos cobran, en vez de utilizarlos para cumplir con Kioto?”,ha declarado Juan Lopez de Uralde , Direcctor Ejecutivo de Greenpeace.
La actual propuesta del PNA asigna 152,7 Mt al sector industrial, de las cuales 54,7 Mt al sector eléctrico. La propuesta de Greenpeace es no asignar ningún derecho de emisión al sector eléctrico. De este modo podría alcanzarse el objetivo legal de Kioto sin utilizar los fondos públicos para ello. Además podrían utilizarse estos fondos para reducir las emisiones en los sectores difusos necesarias para alcanzar los compromisos europeos a medio y largo plazo.
“No asignar ningún derecho de emisión al sector eléctrico es una propuesta coherente con el objetivo del Convenio y con el fundamento del comercio de emisiones, mejora la utilización del PNA para conseguir los objetivos que se persiguen y es realista y posible” ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace.
Es necesario disipar las dudas que pudieran plantearse respecto al presunto perjuicio que pudieran sufrir las eléctricas. En la actualidad, con la legislación en vigor, las compañías eléctricas reciben gratuitamente los derechos de emisión y luego traspasan una gran parte de sus costes sus clientes.Como consecuencia, las compañías eléctricas se aseguran unos elevados beneficios extraordinarios. Por lo tanto, la única consecuencia de no otorgarles derechos, sería que tendrían que comprarlos en el mercado y luego traspasarían este coste, tal y como hacen ahora. La diferencia es que no serían gratuitos. No asignar derechos de emisión a las eléctricas evitaría al Gobierno el problema de reclamar los beneficios extra de las eléctricas derivados de la subvención de los derechos de emisiones. El precio de la electricidad que venden no se verá modificado por esta causa.
Este recorte de asignación de derechos a las eléctricas nunca debería destinarse a asignar ni un sólo derecho más al resto de sectores industriales. El PNA ya ha sido suficientemente generoso.
Las principales conclusiones del informe son:
sólo cumpliremos el Protocolo de Kioto si utilizamos los mecanismos de flexibilidad muy por encima de la media europea
aún usando los mecanismos de flexibilidad, si siguen creciendo las emisiones, será necesario tomar medidas adicionales
España no alcanzará los objetivos de redución de la Unión Europea a medio y largo plazo
El Plan Nacional de Asignación es muy generoso con las instalaciones industriales y pierde muchas oportunidades para el estímulo, desarrollo y difusión de las tecnologías menos contaminantes.
GREENPEACE