El Gobierno español sigue tolerando el cultivo de un maíz de la empresa transnacional Monsanto, el MON 810, cuya peligrosidad ha sido claramente demostrada.
La contaminación de cultivos naturales por transgénicos es un grave problema que afecta a toda la UE y especialmente a nuestro país. En 2007, hubo 29 nuevos casos en 23 países. Solamente en España se han denunciado seis casos de agricultores cuyas cosechas de maíz han sido contaminadas por el maíz de Monsanto. “A pesar de ello, no existe una legislación internacional que obligue a las compañías biotecnológicas a pagar por los daños y por las pérdidas económicas que producen sus semillas manipuladas”, ha declarado el responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, Juan-Felipe Carrasco.
Tras 11 años de cultivo, se ha comprobado que las semillas modificadas genéticamente no reportan los beneficios prometidos por la industria biotecnológica:
No reducen el empleo de productos químicos en el campo, sino todo lo contrario. En la última década se han dado enormes incrementos en el volumen de herbicidas aplicados a los cultivos transgénicos.
Sus rendimientos son menores, o en el mejor de los casos equivalentes a los de las variedades no transgénicas
Sus impactos sobre el medio ambiente están cada vez más documentados: contaminación de especies silvestres emparentadas, reducción de la biodiversidad, contaminación química del suelo y de los acuíferos son algunos de los problemas asociados al cultivo de OMG.
No han aportado mejoras a la calidad de los alimentos, sino grandes incertidumbres sobre la inocuidad de los productos que contienen ingredientes transgénicos.
Para los agricultores, la aparición de malas hierbas y de adventicias resistentes a varios herbicidas asociada a los cultivos MG, empieza a ser motivo de preocupación. En el caso de los cultivos insecticidas, se reconoce que es inevitable la evolución y proliferación de insectos plaga resistentes. Ello obligará a los agricultores convencionales a recurrir a plaguicidas cada vez más agresivos y costosos, mientras que la pérdida de eficacia de insecticidas naturales, como el Bt, será un grave perjuicio para la agricultura ecológica.
No contribuyen a aliviar la pobreza ni el hambre en el mundo. Al contrario, las aplicaciones comerciales de la biotecnología en la agricultura están aumentando la brecha que separa a pobres y ricos. Un dato significativo: la mayor parte de las cosechas MG se destinan a alimentación ganadera para satisfacer el consumo de carne –excesivo en muchos casos- de los países ricos.
La semana pasada, el Consejo de Gobierno de Canarias acordó declarar la Comunidad Autónoma como zona libre de cultivos transgénicos. Con ella, ya son cuatro las Comunidades que se han declarado libres de transgénicos, junto a más de 50 municipios en todo el Estado. “Ante estas realidades, El Ministerio de Agricultura no puede seguir excusándose con la falta de competencias para mantener la situación actual. Otros muchos países europeos han tomado medidas activas para prohibir estos cultivos y proteger la salud de sus ciudadanos y el medio ambiente. La única alternativa es la moratoria contra el MON 810”, ha añadido Carrasco.
El mundo necesita enfoques agrícolas sostenibles y es hora de que los gobiernos y los especialistas dediquen sus energías y recursos a desarrollar tecnologías y políticas compatibles con la protección del medio ambiente, una producción segura y de calidad y un reparto justo entre todos los seres humanos. “Es crucial que la UE proteja a los agricultores, los consumidores y al medio ambiente, poniendo en marcha una moratoria global europea contra el cultivo de transgénicos”, ha concluido Carrasco.
Greenpeace