Las organizaciones ecologistas han detectado numerosas irregularidades, como la decisión de desnaturalización y urbanización del terreno costero público, tomada por el Consejo de Ministros en abril de 2007, ya que vulnera los artículos 32 y 47 de la Ley de Costas, que indican que sólo se puede reservar este dominio para fines que sean competencia del Estado y no de la Junta de Andalucía como es la industria, y cuando se trate de actividades que, por su naturaleza, únicamente puedan localizarse en la costa, lo que no es obviamente el caso.
Además, en opinión de los grupos ecologistas, la decisión de trasformación de uso del suelo debió ser sometida a evaluación ambiental estratégica, como exige la Ley 9/2006, lo que ha motivado que WWF interpusiera una demanda ante el Tribunal Supremo y recientemente ha solicitado que se plantee cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha asegurado que “es un fraude que la Ley de Costas, creada para la protección del dominio público marítimo–terrestre, sea utilizada para su desnaturalización, desafección y privatización”.
Por su parte, Juan López de Uralde, director de Greenpeace España “este polígono está destinado a actividades privadas y tiene como único objetivo criterios estrictamente económicos que vulneran gravemente el medio ambiente, por lo que nos encontramos ante una aplicación arbitraria de la Ley”.
De las 527 hectáreas que abarca el plan, 287 son suelos declarados de dominio público marítimo-terrestre que, según la Constitución española y la Ley 22/1988 de Costas, deben gozar de máxima protección. La decisión es menos comprensible si cabe, teniendo en cuenta que en la zona existen suelos ya degradados más apropiados para la localización de industrias altamente contaminantes, como la metalurgia o la fabricación de caucho que degradarían notablemente este espacio
WWF