Oceana, la organización internacional de conservación marina, ha analizado el informe anual de la Comisión Europea sobre el grado de incumplimiento de los países miembros respecto a la normativa de la Política Pesquera Común. En el último informe publicado, que analiza las infracciones cometidas en el 2006, la Comisión Europea concluye recalcando que los países miembros no cumplen con sus obligaciones derivadas de la aplicación de la Política Pesquera Común.
Para Ricardo Aguilar, director de investigación y proyectos de Oceana en Europa, “resulta decepcionante comprobar cómo estas infracciones se suceden de forma más marcada sobre las poblaciones sujetas a planes de recuperación o bajo supuesta protección de un Estado miembro, es decir, sobre las que se encuentran en peor estado y son más sensibles a cualquier permisividad”.
Italia, Francia, España y Portugal acumulan más del 80% de las infracciones, situándose también entre los países que más irregularidades graves acumulan (8.641) respecto al tamaño de su flota (43.863). Al mismo tiempo resulta sorprendente la declaración de algunos países que comunican, como Malta y Estonia, cero infracciones. Vulnerar las normativas se está convirtiendo en tan habitual que la Comisión señala el peligro de que la propia industria pesquera esté asumiendo ciertas sanciones económicas como un gasto ordinario más, despojando a la legislación vigente de toda necesidad de ser cumplida.
La elaboración de un nuevo Reglamento de Control va a ser objeto de debate en la UE durante los próximos meses. En el borrador de documento, presentado en noviembre, se observan interesantes avances como la mejora de los sistemas de registro electrónico, de la trazabilidad de las capturas o del aumento en la capacidad de control asignado a la Comisión. Pero el actual estado de los caladeros europeos urge a que los Estados tomen conciencia de la necesidad de perseguir a los infractores, algo que parece faltar a día de hoy.
Los informes sobre las continuas irregularidades y la permisividad de los países responsables se van amontonando sin que aparentemente se haga nada. La Agencia Comunitaria de Control de la Pesca concluye, por ejemplo, que a pesar de todas las reuniones mantenidas entre la Comisión y los países implicados no fue una prioridad para la mayoría de los operadores implicados en la pesquería del atún rojo cumplir con las normativas establecidas. De forma que, por ejemplo, en el 40% de las inspecciones efectuadas a remolcadores implicados en las actividades atuneras se encontraron irregularidades. La situación no fue mejor que en 2007 y, tras tener que cerrar la pesquería anticipadamente, continuaron desarrollándose irregularidades tal y como Oceana pudo observar sobre el terreno en su campaña mediterránea a bordo del buque de investigación Marviva Med.
“Observar cómo las instituciones de la UE tienen que señalar a los países el bajo grado de cumplimiento y andar detrás de ellos para recordarles que hay que respetar la legislación vigente es un espectáculo que debería causar vergüenza a los gobiernos europeos”, señala Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa. “Esperamos que el nuevo Reglamento de Control incluya medidas efectivas que habiliten a la Comisión a obligar a los países a cumplir las regulaciones en vigor. De no ser así cualquier normativa será inútil”.
OCEANA