Este Plan responde, por una parte, al cumplimiento de la normativa comunitaria, que obliga a los Estados Miembros a preparar un plan de control que asegure la correcta implantación de la legislación alimentaria y las normas de calidad y bienestar animal y, por otra, al objetivo prioritario del Gobierno de España de velar por la seguridad de los alimentos.
En este sentido, el Subsecretario del MAPA ha manifestado que es necesario que los objetivos establecidos en dicho Plan, como es prevenir enfermedades relacionadas con los alimentos, aumentar y mantener un nivel elevado de confianza por parte de la ciudadanía, entre otros, se desarrollen en los programas de los sistemas de control y la implantación de un sistema de auditorías, por parte de las autoridades competentes, dentro de un marco coordinado, flexible y sólido, donde las Administraciones Públicas, operadores económicos y consumidores, encuentren un referente para obligaciones y garantías.
Santiago Menéndez de Luarca también se ha referido a los antecedentes que motivaron la puesta en marcha del Plan nacional de control de cadena alimentaria, y que están directamente relacionados con las crisis alimentarias (EEB, dioxinas, etc.) en la década de los 90, que pusieron de relieve los fallos en aplicación de la normativa alimentaria en la Unión Europea, e hicieron saltar las alarmas del modelo europeo.
Esta situación llevó a la Comisión Europea a incluir la promoción de un alto nivel de seguridad alimentaria, dentro de sus principales políticas para los años venideros, llegándose a destacar, en el Consejo Europeo celebrado en Helsinki, en diciembre de 1999, la importancia de mejorar las normas de calidad y reforzar los sistemas de control sobre toda la cadena alimentaria, desde la granja al consumidor.
Asimismo, Santiago Menéndez de Luarca ha subrayado que desde la elaboración del Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria, pasando por la creación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), o las diferentes normativas sobre la materia, todas las actuaciones han estado dirigidas a garantizar un elevado nivel de seguridad y garantía de la salud de los consumidores.
En este sentido, los Estados Miembros también han apostado por esta prioridad avanzando en esta materia, creándose Agencias de Seguridad Alimentaria, estatal y autonómicas, o aprobándose el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, como hizo España en la Conferencia Sectorial de febrero de 2007.
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