El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en defensa del olivar andaluz en la que propone que la próxima reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva recoja un incremento de 150 millones de euros en la ficha presupuestaria asignada a España de acuerdo con la realidad productiva nacional y garantice el mantenimiento de la actividad en el sector.
En su declaración, el Ejecutivo autonómico defiende que el sector olivarero andaluz, que aglutina casi el 37% de la producción comunitaria, es una de las principales fuentes de riqueza de la economía rural, un elemento de cohesión social y territorial, y tiene un alto valor medioambiental. Por ello, la reforma de la OCM es «un factor clave para el futuro de sector oleícola».
El Gobierno andaluz mantiene que la reforma de 1998 se basó en «datos no fiables» y que, por tanto, la cuota asignada a España «no se ajusta a nuestra realidad productiva». En este sentido, incide en que los olivareros españoles han sido «los más perjudicados» de toda la Unión Europea durante el periodo transitorio de aplicación de la actual OCM como consecuencia del rebasamiento sistemático de la cuota asignada a España.
Para ilustrar este argumento, expone que, frente a una Cantidad Nacional Garantizada (CNG) de 760.027 toneladas, la producción media de aceite española se ha consolidado por encima del millón de toneladas. De este modo, España ha sido el país «con mayor déficit de cuota de toda Europa» y los olivareros españoles han sido «los que menos ayudas han percibido, sufriendo una penalización media del 32%».
El Gobierno andaluz considera que las actuales propuestas de la Comisión sobre la reforma la OCM no corrigen estas «discriminaciones» y pueden suponer una «pérdida presupuestaria» de en torno a 200 millones de euros. Especialmente, critica que no se revisen las cantidades asignadas a los estados miembros, que se establezca un pago único por explotación y que se destine un 40% del presupuesto al olivar marginal.
Pérdida de actividad
A este respecto, la Junta advierte que el establecimiento de un pago único, mediante el que no se hace necesario la entrega de las aceitunas para su molturación, provocaría la pérdida «de gran de la actividad» y restaría transparencia al mercado. Además, ve «desproporcionado» que se destine el 40% de los fondos al olivar de baja rentabilidad, ya que traería consigo un fuerte trasvase de fondos entre regiones y zonas productoras.
Para la Administración andaluza, «no es aceptable ni económica, ni social, ni políticamente, que Andalucía siendo una región líder en producción y además región Objetivo 1, pueda ver reducido su presupuesto». Por ello, insiste en que es necesario incrementar la partida destinada a España, mantener la actividad, establecer mecanismos coherentes para el olivar de baja rentabilidad e impulsar la promoción.
El cultivo del olivar representa el 26% de la Producción Final Agraria (PFA) andaluza y genera el 30% del empleo agrario. En conjunto, agrupa a más de 250.000 familias y una industria importante formada por 833 almazaras y 229 entamadoras. Andalucía, además, cuenta con una producción «de alta calidad», impulsada especialmente por las siete denominaciones de origen del sector, y con clara vocación exportadora, añade la Junta
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