Nota de la Junta de Andalucía
Pérez Saldaña y las organizaciones denuncian graves pérdidas en el sector como consecuencia del reglamento anulado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, y los representantes del sector algodonero andaluz coincidieron en los «graves daños» provocados por la aplicación del actual régimen de ayudas al cultivo, anulado recientemente por una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que considera «pone en peligro la supervivencia del sector», así como contra los principios básicos del Tratado de la UE, especialmente el de proporcionalidad.
Tras una reunión con el sector celebrada en Sevilla, Pérez Saldaña destacó que el nuevo régimen ha supuesto unas pérdidas del 60% en producción –de 323.00 a unas 120.000 toneladas—y del 30% en la superficie, pasando de un promedio de 87.947 hectáreas en el periodo 2003-2005 a las 61.031 hectáreas de la última campaña 2006, así como un descenso del 20% de los 8.620 cultivadores que sembraron en 2005. Igualmente, «hemos perdido ocho millones de euros» de la ficha financiera de nuestro país como consecuencia de la reducción de la superficie de cultivo.
Pero además, la industria desmotadora también se ha resentido y en la presente campaña hay cinco desmotadoras menos funcionando de las 25 existentes en Andalucía. Si se prolonga una campaña más la normativa actual, «las consecuencias sobre esta industria pueden ser irreversibles», advirtió el consejero.
«Esta situación nos obliga a plantear a la comisaria de Agricultura de la UE la exigencia por la vía de urgencia de un nuevo reglamento para la próxima campaña», con una propuesta que apueste por el mantenimiento y rentabilidad de la actividad. En este sentido, el consejero recordó que éste era el principal argumento esgrimido por las organizaciones agrarias, las cooperativas y las desmotadoras en el recurso de anulación que se presentó contra el reglamento en vigor. En caso contrario, exigiremos a la comisaria medidas excepcionales, básicamente las que estaban ligadas al sistema anterior a la reforma, advirtió.
«No nos parece legal ni moral» que se siga empleando un reglamento anulado que sólo sirve para «rematar aún más al sector», indicó Pérez Saldaña. Si por el contrario la respuesta de la comisaria a la petición andaluza fuera positiva, trabajaremos inmediatamente para presentarle una propuesta que resuelva la desproporcionalidad de la aplicación de la ayuda acoplada.
Finalmente, el consejero mostró su satisfacción por el acuerdo de principio alcanzado entre las cooperativas y las industrias desmotadoras. «Hemos tratado de estar todos en la misma posición», apostilló aclarando que «no podemos olvidar que Andalucía recurrió este reglamento porque acababa con la producción de un cultivo muy social y del que dependen muchas familias».
Si a pesar de estas circunstancias, el próximo año se sigue aplicando el actual reglamento, en dos años se habrá acabado este cultivo con todo lo que representa económica y socialmente, vaticinó el consejero.
Junta de Andalucía