La APCCR tiene el mayor interés en que se aproveche esta oportunidad legislativa para definir el concepto de sostenibilidad de la pesca y para que pescadores, distribuidores, restauradores y consumidores se conciencien y asuman su papel. Por ello, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Pesca del Congreso, la APCCR ha cuestionado el actual proyecto de ley que, en su opinión, no avanza frente a la ley anterior y ha abogado por una apuesta clara por la investigación científica pesquera como base fundamental para diseñar una política de sostenibilidad robusta.
En su comparecencia, la APCCR manifestó a la Comisión que si realmente se persigue una pesca sostenible, debe objetivarse esa sostenibilidad y tenerla en cuenta para el desarrollo de la política de gestión pesquera. Para la APCCR la nueva ley debe incluir una definición clara de sostenibilidad que concilie el desarrollo económico, social y medioambiental.
La Asociación resaltó el hecho de que exista una definición de la pesca artesanal y no de pesca sostenible, ya que a su juicio, este tipo de pesca, la sostenible, debe ser una apuesta empresarial, para crear un producto específico y destinado a un mercado determinado, con viabilidad económica, pero tratada desde las administraciones con el mismo rigor que el resto de actividades.
La APCCR abogó también por incluir la investigación como un elemento clave de la futura ley. Según la APCCR, un estímulo para conseguir que el pescador invierta en investigación, junto a distintos Institutos Científicos y Universidades, podría ser considerar un tramo incremental en deducciones fiscales para I+D+i para el sector primario, a sumar a las que existen con carácter general, y cuyos porcentajes, se establecerían, a ser posible, por el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en función de la importancia de la conservación o regeneración de la especie o pesquería, en la que se actúa.
Igualmente, la APCCR propuso ante la Comisión que todos los ingresos que se reciban por multas en expedientes sancionadores, se dediquen a la investigación de especies pesqueras, en lugar de destinarse a crear reservas marinas, ya que a su juicio, sólo con un mejor conocimiento científico de la especie pesquera, es posible mejorar la eficiencia de su gestión y alcanzar la sostenibilidad.
Respecto a la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la APCCR considera como causas el exceso del “esfuerzo” y la pesca ilegal. Por ello, la Asociación abogó ante la comisión regular el número de barcos y de días de pesca, pero comentó que el actual proyecto no establece los criterios a tener en cuenta para que el ministro del MARM no las adopte de forma arbitraria o discrecional. A su juicio, la futura ley debería favorecer la permanencia de aquellos buques que realizaran su actividad, bajo los criterios contemplados en la Definición de Pesca Sostenible.
En cuanto a la pesca ilegal, la APCCR celebró las medidas que en materia de control, inspección y sanciones, establecidas en el Proyecto para prevenirla, y de forma especial, en materia de obligaciones tal como se recoge en el Art, 67.1.b, obligando a los pescadores a poner en conocimiento de la Administración, las informaciones de que dispongan sobre supuestas actuaciones ilegales. A juicio de la APCCR, la mejor forma de controlar la pesca, es que el pescador esté realmente involucrado en su autocontrol. A este respecto la APCCR apuntó que el certificado de capturas debería ser exigible también en las operaciones intracomunitarias.
La APCCR apunto también que para acabar con la pesca ilegal es necesario educar y concienciar a toda la cadena de valor del mercado, desde el pescador hasta el consumidor final, por lo que abogó porque la futura ley contemple la posibilidad de que la función inspectora tenga atribuciones para llegar a cualquier punto de venta, sin perjuicio de a quién corresponda la competencia sancionadora.
A este respecto, la asociación abogó por una certificación que acredite que el producto proviene de una pesca sostenible-responsable. La APCCR cree que esta certificación puede ser un verdadero camino para asegurar una postura sostenible por parte de los propios consumidores y los empresarios, ya sean pescadores, transformadores o comercializadores y, consecuentemente para conseguir que el sector pesquero evolucione hacia la transparencia, el autocontrol y en definitiva hacia la sostenibilidad en todos sus ámbitos.
Por último, y en cuanto a la transmisibilidad de cuota, la APCCR considera que la ley debería exhortar, y no sólo habilitar al Gobierno, a estudiar aquellos casos, en los que se deberían distribuir las posibilidades de pesca, de forma individual a cada buque, y a que dichos derechos puedan ser transferibles. A juicio de la APCCR, un sistema de derechos transferibles podría ser una solución para rentabilizar la flota y ajustarla a las disponibilidades actuales del recurso.
APCCR