Nota de ASAJA
El Ejecutivo comunitario aprobará un documento donde propone algunos cambios que tratan de reducir las dificultades que encuentran tanto administraciones nacionales como agricultores para controlar y cumplir con las condiciones que tienen que satisfacer los productores para contar con el pago único de la Política Agrícola Común (PAC) reformada.
Según su borrador, la PAC prevé que la recepción de ayudas desacopladas está vinculada al cumplimiento por parte del agricultor de una serie de reglas relativas al uso de la tierra de cultivo y a la producción agrícola y actividades relacionadas con el medio ambiente, la salud animal y vegetal y el bienestar animal.
Sin embargo, la Comisión reconoce que existe una serie de «problemas» en el cumplimiento de estas condiciones. Sobre ellas también consultó con los Estados miembros, que plantearon las quejas más habituales de los agricultores y sobre las que Bruselas elaboró un documento de posibles soluciones.
TOLERANCIA MÍNIMA
Entre los aspectos que se compromete a estudiar figura la tolerancia «mínima» que se puede admitir en caso de no cumplimiento de las obligaciones antes de retirar ayudas. La Comisión estima que «algunos incumplimientos no pueden justificar una reducción» de las ayudas». Por eso, opina que, a diferencia de lo que ocurre ahora, los Estados miembros no deberían penalizar aquellos casos que no provocarían más que una retirada de fondos de un 1%.
Así propone estudiar un método para determinar «un margen de tolerancia» y cita que podría ser que el incumplimiento no supusiese la retirada de más de un 1% de los fondos para agricultores que perciban como mucho 5.000 euros.
Esta norma debería servir también para sustituir y así uniformar los sistemas en aquellos países donde la legislación nacional relativa a determinados sectores agrícolas fije una tasa mínima de control diferente al 1%.
El control sobre el cumplimiento de las condiciones se realiza mediante auditorias que se repiten en el corto plazo en caso de que se haya detectado alguna anomalía. La Comisión propondrá que en estos casos se analice solamente aquellos aspectos donde se encontraron deficiencias, y no todos, como se hace actualmente.
También por lo que respecta a los controles en las granjas, Bruselas quiere acabar con la regla «de facto» que indica que éstas tienen que ser por sorpresa. En su lugar planteará poder avisar al propietario 14 días antes, algo que no desvirtuaría el análisis y sí «mejoraría la coordinación» de los controles.
Por otra parte, Bruselas admite que los agricultores rechazan en muchas ocasiones las auditorias, porque a veces éstas se solapan con otros controles efectuados por órganos de certificación nacionales. Para evitar esta situación, el borrador plantea la posibilidad de que sus auditorías utilicen los datos recogidos por los órganos de certificación.
El documento también pretende concretar el periodo del año en el que las autoridades nacionales llevarán a cabo los controles de las explotaciones, apunta la posibilidad de que éstos se hagan sólo en la mitad de la parcela en lugar de en su totalidad y apuesta por que los agricultores tengan un informe de los resultados en un periodo no superior a tres meses.
ASAJA