La Comisión Europea ha adoptado una Decisión por la que se reclamará un total de 317,3 millones de euros destinados a la agricultura de la UE e indebidamente gastados por los Estados miembros. Dicha cantidad deberá devolverse debido a los inadecuados procedimientos de recuperación en los Estados miembros en cuestión. En el marco de la política agrícola común, las autoridades nacionales son responsables del pago, del control del gasto y de la recuperación de los importes indebidamente pagados. Compete a la Comisión garantizar que los Estados miembros recuperan los importes indebidamente pagados. Las recuperaciones a que se refiere la presente Decisión corresponden a irregularidades notificadas por los Estados miembros en el período anterior al 1 de enero de 1999.
Al comentar la Decisión, Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló: «Hemos trabajado muy duro para garantizar el mejor control posible del gasto agrícola. Esta última Decisión es el resultado de un trabajo concienzudo en casos en los que no estamos satisfechos con la forma en que los Estados miembros han recuperado el dinero gastado incorrectamente. Pienso que este hecho es una señal clara de nuestra seriedad. Seguiremos insistiendo en mantener el mayor rigor posible.»
El Vicepresidente Siim Kallas, Comisario de Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude, añadió: «La Comisión se toma en serio no tolerar el gasto irregular del dinero del contribuyente europeo. Contamos con sistemas sólidos para detectar tales casos y cuando se descubre uno se investiga hasta el final, aunque nos pueda llevar algún tiempo. Incluso un caso de fraude absoluto no debe implicar necesariamente una pérdida de dinero. El grupo de trabajo adjunto ha realizado un trabajo esencial y la Decisión adoptada hoy es vital para proteger de forma creíble los intereses financieros de la UE.»
Principales correcciones financieras
Conforme a esta Decisión, se reclamarán fondos a Italia, Alemania, España, Francia, y el Reino Unido. Las correcciones se refieren a importes pagados irregularmente que deberían haber sido recuperados por los Estados miembros en cuestión. Normalmente, las consecuencias financieras de las irregularidades que no pueden recuperarse son asumidas por el presupuesto comunitario. Sin embargo, en estos casos, la Comisión considera que los Estados miembros han aplicado el procedimiento de recaudación con negligencia y, por lo tanto, deben asumir los costes vinculados a la no recuperación.
El desglose de las cantidades por Estado miembro es el que sigue:
310,8 millones de euros imputados a Italia;
2,4 millones de euros imputados a España;
2,0 millones de euros imputados al Reino Unido;
1,3 millones de euros imputados a Francia;
0,6 millones de euros imputados a Alemania.
Este procedimiento de recuperación se refiere a las irregularidades notificadas por los Estados miembros antes del 1 de enero de 1999. Son el resultado de la labor del grupo de trabajo para la recaudación creado en 2002 por la Dirección General de Agricultura de la Comisión y la OLAF para evaluar los procedimientos de recuperación durante este período. Las decisiones habituales de recuperación se basan en auditorías de los sistemas de control de los Estados miembros. En este caso, la Comisión ha examinado los procedimientos de recuperación correspondientes a los pagos individuales a los agricultores y agentes económicos.
La auditoría de los procedimientos de recuperación también condujo a la conclusión de que deberían deducirse del presupuesto comunitario 176,3 millones de euros, ya que la no recuperación de este importe no se debió a la negligencia de los Estados miembros.
Al mismo tiempo, la auditoría sacó a la luz que los Estados miembros no habían enviado información actualizada a la Comisión referente a un número considerable de procedimientos de recuperación. Algunas deudas ya se habían recuperado, en otros casos parecía que la cantidad había sido pagada regularmente a los beneficiarios y en otros casos el mismo procedimiento de recuperación se había notificado varias veces. Por lo tanto, la Comisión puede ahora suprimir 144 casos de su registro de deudas, por un importe de 402,5 millones de euros.
CE