La Comisión Europea va ha proponer suspender las ayudas agrícolas, que representan hasta el 40% del presupuesto anual de la UE, a los países con déficit excesivo, pero no planteará nuevas sanciones políticas contra los infractores, como la suspensión del derecho de voto en los Consejos de ministros de la UE como defienden Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) porque exigen una reforma del Tratado.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ya había recomendado congelar los fondos de cohesión y los fondos estructurales para las regiones a los países infractores. Pero esta medida sólo afectaría a los Estados miembros con una renta inferior a la media comunitaria, como España, Grecia, Portugal o los socios de la ampliación.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario optará por proponer que las sanciones cubran el conjunto de los pagos procedentes de la UE, incluyendo el gasto agrícola, lo que permitiría actuar contra países como Francia, principal beneficiaria de la Política Agrícola Común, Alemania o Italia.
En todo caso, la Comisión ha decidido no respaldar de momento la propuesta más controvertida de Alemania, que consiste en suspender a los infractores en los casos más graves el derecho de voto en los Consejos de ministros de la UE. El presidente del BCE apoyó expresamente esta posibilidad en una reciente comparecencia ante la Eurocámara, pero la mayoría de países no están a favor porque habría que modificar el Tratado, explicaron fuentes diplomáticas.
Trichet recomendó además que las sanciones empiecen a aplicarse de forma preventiva incluso antes de que un país alcance el umbral del 3%, algo que ya ha sido aprobado por los ministros de Economía de la UE, y que se desencadenen de forma automática, sin negociaciones políticas.
El PEC ya prevé la aplicación de sanciones para los países que superen el límite de déficit público, pero de momento nunca se han llevado a la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponer multas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del Pacto para flexibilizarlo.
El Ejecutivo comunitario presentará además sus ideas sobre cómo tener mejor en cuenta el nivel de deuda a la hora de sancionar a un país. Hasta ahora, el procedimiento sancionador se ha centrado en el límite anual del 3% de déficit y no en el umbral del 60% de deuda.
Bruselas quiere que se considere mejor el nivel de deuda, tanto la pública como la privada, así como el impacto del envejecimiento de la población. Los ministros de Economía de la UE ya han acordado que no se instaurará un procedimiento especial para la «deuda excesiva», sino que podría, por ejemplo, iniciarse el procedimiento de déficit excesivo más pronto para los países que no reduzcan la deuda con suficiente rapidez.
Finalmente, el comisario Rehn concretará sus propuestas para que la UE revise los presupuestos nacionales antes de su aprobación en los respectivos parlamentos. Los Veintisiete ya han acordado que cada primavera, los Gobiernos deberán presentar sus planes presupuestarios a la Comisión y al resto de Estados miembros.
La UE se limitará a examinar las principales hipótesis que sostienen las cuentas públicas, como la previsión de crecimiento o inflación, así como los principales agregados, como el total de ingresos y de gastos y los objetivos de déficit. Un Gobierno que presente un plan presupuestario con un alto déficit tendrá que justificarse ante el resto de ministros de Economía y todavía habrá tiempo para ajustar estos planes antes de que se presente el presupuesto final.
Las propuestas de Bruselas serán discutidas por los ministros de Economía en su reunión de los días 12 y 13 de julio. Los líderes europeos han encargado al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que tenga lista la reforma del Pacto en octubre.
Europa Press